Bogotá: Estas son las sanciones y multas a padres y dueños de bares por dejar entrar menores a esos establecimientos

El ingreso de menores a bares es un problema que puede costarle caro a padres y dueños de establecimientos. Ya son más de 60 menores de edad encontrados en operativos de seguridad, al interior de los bares, a quienes se les han restablecido sus derechos. 

El ICBF una vez encuentra a los menores, cita a los padres para entregarlos, no sin antes firmar unos compromisos que tienen que adquirir para ejercer un control más estricto. Si hay reincidencia podrían perder la custodia del menor.

La Secretaría Distrital de Seguridad en articulación con la Policía de Bogotá y las alcaldías locales, han intensificado los operativos a establecimientos comerciales como bares, discotecas, billares, entre otros, donde se permite la venta de bebidas alcohólicas, encontrando al interior a más de 60 menores de edad, a quienes el ICBF les ha restablecido sus derechos.

Es por ello que las autoridades les recuerda a los padres de familia y a los propietarios de bares y discotecas en Bogotá, entre otros comercios, que en caso de encontrar un menor al interior de estos negocios, pueden enfrentar importantes sanciones legales.

Cuando un menor de edad es identificado por las autoridades, este queda bajo el cuidado de la Policía de Infancia y Adolescencia. Se activan de inmediato los protocolos de restablecimiento de derechos y en coordinación con el ICBF verifican su situación familiar y un equipo interdisciplinario conformado por un psicólogo, trabajador social y defensor de familia, realizan una valoración psicosocial.

Si es la primera vez que el menor es encontrado consumiendo licor, los padres deben firmar un compromiso de responsabilidad y de control más estricto con sus hijos.

En caso que la situación se repita, se determina si hay o no una situación de vulneración de derechos. En ese sentido, se hace una reintegración del menor con la familia bajo compromiso de seguimiento. 

Aquí los psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionales del ICBF empezarán a realizar visitas domiciliarias, entrevistas y evaluaciones periódicas para determinar cómo se encuentra el entorno del menor. Y de ser necesario habría una remisión a un programa de prevención de consumo de sustancias.

Ahora, en casos donde se demuestre negligencia grave, podría considerarse la pérdida de la custodia del menor y este podría ser ubicado en un hogar de paso para su protección.

“El primer círculo de protección de un menor debe ser su hogar. Como autoridades intervenimos, pero los padres deben saber dónde están sus hijos y qué están haciendo”, afirmó el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Cierres y multas a establecimientos

Por su parte, los establecimientos comerciales que vendan licor a menores o no controlen su ingreso podrán ser multados y se les suspenderá  la actividad económica.

De acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en su artículo 38, al facilitar, distribuir, ofrecer o comercializar bebidas alcohólicas, cigarrillos, tabacos y sus derivados a niños, niñas o adolescentes, puede incurrir en una multa tipo 4, que para este 2025 equivale a $759.200 pesos.

En estos operativos, se ha evidenciado que algunos menores acceden a estos sitios sin presentar documentación y varios, incluso, bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.

Estas intervenciones realizadas en los establecimientos nocturnos hacen parte del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia a través de la estrategia ‘Ciudadanías Seguras’ que responde a las necesidades de proteger a los grupos más vulnerables, en este caso a los menores de edad, que enfrentan mayores riesgos frente a situaciones de violencia y delito.

Las autoridades insisten en que no se trata solo de un problema de control en los establecimientos nocturnos, sino también de una falta de supervisión y diálogo en muchos hogares.

Además, la Secretaría de Seguridad reiteró que la protección de la niñez y adolescencia es una tarea compartida entre el Estado, la sociedad y especialmente las familias, quienes deben ser las primeras en garantizar entornos seguros, sanos y libres de violencia para los menores de edad.

Pidió a la ciudadanía denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos «que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura».

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