La Procuraduría realizó una visita de inspección a la Imprenta Nacional en Bogotá como parte de las indagaciones que se adelantan por el convenio interadministrativo con la Cancillería relacionado con la producción de pasaportes.
En el marco de esa visita se encontraron graves fallas administrativas sobre la justificación de la necesidad y los estudios previos para la celebración del convenio para la fabricación y suministro de ese documento.
“Respuestas vacías, contradictorias y poco convincentes, recibió la Procuraduría General de la Nación, de parte de funcionarios de la Imprenta Nacional”, destacó el Ministerio Público.
De acuerdo con el reporte, “en visita realizada a la Imprenta, el equipo de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, encontró documentos sin fundamentos y otros que pusieron de presente la falta de aplicación del manual de contratación de la Imprenta, frente a la metodología, planeación, estudios previos y técnicos para la firma del convenio”.
Señaló que, por ejemplo, en la solicitud del sustento fiscal y financiero para adquirir compromisos por más de 1.3 billones de pesos, el ente de control encontró que se proyectó el uso de vigencias futuras hasta 2036 sin tener la autorización del CONFIS y de un documento CONPES, tal como lo ordena el estatuto orgánico del presupuesto.
“Lo anterior, sumado a que no se presentó ante la Junta Directiva el procedimiento o los cálculos para estimar el valor del contrato”, detalló.
Igualmente, señaló que ante las inquietudes del ente de control, por la ausencia de actas de sesiones de la Junta Directiva y sus correspondientes firmas, que debían celebrarse de manera previa a la suscripción del acuerdo, la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León Herrera, no dio respuesta claras ni satisfactorias.
“Todo esto, además de apuntar a la improvisación en la celebración del acuerdo, pone en riesgo la expedición de los pasaportes y graves afectaciones a los derechos de los colombianos”, puntualizó la Procuraduría.
Procuraduría abrió investigación a canciller (e), Rosa Villavicencio, por firma de convenio
Recientemente, la Procuraduría ordenó apertura de investigación disciplinaria contra la canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, por presuntas irregularidades en la firma del convenio.
La orden de la Sala de Instrucción Disciplinaria también cobija a Viviana León Herrera, gerente de la Imprenta Nacional y la secretaria general (e) de la Cancillería, Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar.
Para el Ministerio Público, la firma del convenio suscrito entre la Cancillería, a través del Fondo Rotatorio, y la Imprenta Nacional, el pasado 18 de julio, posiblemente transgrede principios de planeación y economía de la contratación estatal, al evidenciar que no existen los documentos y estudios previos que sustenten la celebración del convenio.
De igual manera, el ente de control advierte que se desconoce el acto administrativo a través del cual se delegó en la secretaria general (e) del Ministerio de Relaciones Exteriores, la competencia para celebrar el convenio interadministrativo con la Imprenta Nacional de Colombia.
En este sentido, debido a las fallas en la planeación del nuevo esquema para el suministro de pasaportes, se observa una omisión al deber que le asiste a los funcionarios de cumplir con los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa.
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