A través de un escrito radicado ante el Tribunal Superior de Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe Vélez renunció a la prescripción del proceso en su contra por soborno a testigos y fraude procesal y por el que fue condenado, en primera instancia, a 12 años de prisión.
La decisión fue adoptada a mes y medio (16 de octubre) de que venza el plazo legal para que haya una sentencia en firme en su proceso.
«La prescripción de la acción penal, que nunca he buscado y de la que no quiero beneficiarme, no puede privarle la oportunidad a la Sala de tener las condiciones materiales mínimas para proferir un fallo que, independientemente de su sentido, sea el resultado de un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba», de acuerdo con el documento.
En la carta se añade, además: «Pido entonces, Honorables Magistrados, acepten, en los términos del artículo 85 del Código Penal, la renuncia que hago al derecho de verme favorecido por la prescripción de la acción penal y que adopten, en mí caso, la decisión de fondo que en derecho corresponda, conforme sólo a lo probado en juicio, a lo que ordena”.
«En ese sentido, sería hipócrita de mi parte reclamar mí derecho a ser escuchado, en procura de la verdad, y pretender que ello se realice por la Sala de forma real y adecuada, en un término bastante inferior a aquel que se requiere sólo para tener la oportunidad de escuchar todas las audiencias, revisar los alegatos de conclusión, estudiar el fallo de primera instancia y cotejar, uno a uno, los errores atribuidos al fallo en tres impugnaciones, contrastándolos con los alegatos de los no recurrentes», se lee en la misiva.
Igualmente, agrega que: «Estimo, con respeto, que ese derecho a ser oído no fue respetado materialmente por la primera instancia. Eso se aprecia en el fallo que, a pesar de extenso, echó de menos la valoración de gran parte de los hechos probados en juicio».
En la carta se refiere a la condena proferida por la juez 44 Penal de Conocimiento, Sandra Liliana Heredia: «Con el respeto que me merecen las decisiones judiciales, la condena impuesta es equivocada e injusta”.
“Por ello, en ejercicio de mí defensa material, he solicitado a la Sala, a través del recurso de apelación, que se revoque el agravio a mis derechos y se reconozca mí inocencia, probada en juicio. Igual petición, al amparo de juiciosas razones, han elevado mis abogados y el representante del Ministerio Público», manifiesta.
Asegura que es consciente de las consecuencias de su decisión: «He sido ampliamente ilustrado, por mis abogados, sobre el alcance de la prescripción de la acción penal, su carácter de garantía del debido proceso y las consecuencias favorables que, para mí situación jurídica, traería su muy probable ocurrencia».
En relación con eso último, la renuncia a la prescripción tiene como efecto inmediato que el Tribunal Superior de Bogotá, que estudia la segunda instancia, tiene más allá del 16 de octubre el estudio la decisión adoptada por la juez Heredia.
En caso de un fallo que ratifique la decisión de primera instancia, el expresidente Uribe podrá interponer un recurso de casación, ante la Corte Suprema, que tendrá 10 años para pronunciarse.
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