La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación capturó a Manuel Cantuni Arias, alias “Cartulina”, quien es señalado como el coordinador del ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa, ocurrido el pasado 5 de julio.
El director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, informó que el detenido era el articulador criminal del Bloque “Jorge Suárez Briceño” de las disidencias de “Calarcá”.
De acuerdo con las investigaciones “Cartulina” habría contratado al sicario, ya capturado, así como de suministrarle la motocicleta y el arma utilizadas en el atentado.
El general Triana, aseguró que este operativo hace parte de los esfuerzos de la institución por proteger la libertad de prensa en el país.
Por el atentado contra el periodista, quien es colaborador del servicio informativo de Caracol Radio y director de la emisora comunitaria Guaviare Estéreo, ya fueron capturados dos hombres, quienes son acusados de ser los presuntos autores materiales.
Se trata de Wilmer Alexander Perea Babativa, quien le disparó al corresponsal y a su esposa y Alberto Antonio Araújo Rivera, quien le pagó al sicario dos millones de pesos. La Fiscalía les imputó los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.
CIDH preocupada por deficiencias en seguridad de Chica
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) urgieron al Estado colombiano a investigar los hechos con celeridad y a reforzar las medidas de protección otorgadas al comunicador y a su entorno.
El comunicador pese a haber denunciado nuevas intimidaciones y pedir el fortalecimiento de su esquema de protección fue víctima de un ataque armado en el que también resultó herida su esposa.
La CIDH expresó su preocupación por posibles deficiencias en la efectividad de las medidas de protección asignadas, así como por la limitada capacidad institucional de la UNP para evaluar los riesgos y responder oportunamente a las amenazas.
El organismo recordó que el Estado tiene una obligación reforzada de proteger a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y otros actores sociales que enfrentan riesgos especiales en el ejercicio de sus derechos fundamentales, especialmente en zonas de conflicto.
La RELE, por su parte, advirtió que los periodistas que trabajan en territorios con presencia de actores armados enfrentan altos niveles de riesgo, incluyendo desplazamientos forzados, censura, autocensura y restricciones severas al derecho a la información de las comunidades.
Ante esta situación, la CIDH instó al Estado colombiano a:
-Garantizar la seguridad del periodista, su familia y su equipo de trabajo.
-Investigar y sancionar a los responsables del atentado.
-Evaluar de forma técnica y exhaustiva la efectividad del esquema de protección asignado por la UNP.
-Fortalecer los mecanismos institucionales para la protección de periodistas en zonas de alto riesgo.
-Garantizar condiciones que permitan el ejercicio pleno y seguro del periodismo, como elemento esencial de la democracia y la paz en el país.
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