El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que su cartera planea «continuar la ofensiva contra» el clan del Golfo, pese al inicio de los diálogos de paz entre el Ejecutivo y el grupo armado en Doha, capital de Qatar, con un acuerdo que incluye un plan piloto para la sustitución de cultivos ilícitos en cinco localidades donde opera el mayor cartel de drogas del país latinoamericano.
«En lo que respecta al Ministerio de Defensa, la orden es continuar la ofensiva contra todos los grupos armados organizados, inclusive el clan del Golfo», señaló desde el Congreso de transporte terrestre Colfecar que se desarrolla en Cartagena.
Asimismo, subrayó que «no hay ningún cese al fuego, no hay ninguna suspensión de operaciones militares y, paralelo a ello, hay observadores militares y policiales de la mano de la oficina del alto comisionado para la paz para monitorear cuál es el cumplimiento de los acuerdos que ha definido el Gobierno Nacional».
Con todo, su cartera planea «actuar con total contundencia porque eso es lo que dice la Constitución Política de Colombia», afirmó el ministro de Defensa.
El pronunciamiento de Sánchez se produjo horas después de que el Gobierno y representantes del Clan del Golfo comenzaron los diálogos de paz en Doha, con un acuerdo que incluye un plan piloto para la sustitución de cultivos ilícitos en cinco localidades donde opera el mayor cartel de drogas del país latinoamericano.
Así quedó consignado en una declaración firmada por ambas partes y difundida en redes sociales por la Consejería Comisionada de Paz y en la que se ha comprometido a continuar las conversaciones en Qatar, a quien han agradecido su «permanente, constructivo y decidido aporte por facilitar todas las condiciones necesarias que han permitido lograr avances en el proceso».
Las autoridades colombianas y el Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, acordaron «desarrollar la etapa de consolidación de confianza», un plan «de pedagogía para la sustitución total de los cultivos de uso ilícito, considerando la participación voluntaria, la asistencia técnica y medios de vida alternativos».
Este programa se aplicará en Mutatá, ubicado en el departamento de Antioquia (noroeste), así como en Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, todos municipios situados en el departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, y en ellos el Ministerio de Justicia.
Se hará «en coordinación con el poder judicial y las autoridades administrativas competentes, una presencia permanente adaptada a las características sociales, históricas, económicas, culturales y políticas de cada territorio, para su fortalecimiento».
Asimismo, el acuerdo de Doha incluye la constitución de sendos grupos de trabajo para abordar cuestiones ambientales y la migración irregular, también en las cinco localidades.
Además, el texto firmado en la capital qatarí subraya el papel de los menores en la «construcción de la paz», por lo que el Clan del Golfo realizará un nuevo censo dentro de sus filas «para verificar la situación y, en el evento de identificarse casos, se pondrán a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos».
El Gobierno afirmó que «toma nota» de que el grupo armado «rechaza ser categorizado como grupo paramilitar o neo-paramilitar» y consideró conveniente solicitar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas «acompañar este proceso».
El presidente Gustavo Pero agradeció a las autoridades qataríes su «apoyo» en las negociaciones en un mensaje en su cuenta de la red social X en el que ha rechazado que el diálogo signifique «complacencia» con el grupo armado.
«Sé que la derecha dice que es complacencia. Jamás. Aquí se discutirá antes que nada la sustitución de cultivos ilícitos en su área de operaciones», indicó.
El conflicto armado entre el Estado colombiano y el Clan del Golfo se ha intensificado en los últimos meses ocasionando la muerte de dos soldados en los enfrentamientos librados en puntos del país como la zona rural del municipio de Cañasgordas, en Antioquia, donde dos soldados fueron atacados a mediados de julio por la subestructura armada Edwin Román Velásquez Valle.
Adicionalmente, durante este tiempo, las autoridades de Colombia han tenido que hacer frente a la actividad del ELN, que después de la ruptura de las negociaciones de paz con Bogotá intensificó sus operaciones contra las fuerzas de seguridad del país.
*Con información de Europa Press
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