Excanciller Álvaro Leyva pide a Fiscalía de Estados Unidos investigar a Petro por audios sobre supuesto complot para derrocarlo

El excanciller, Álvaro Leyva, pidió a la Fiscalía de Estados Unidos, investigar (abrir un indictment) al presidente Gustavo Petro por los audios revelados por EL PAIS de España en los que se menciona un supuesto plan para derrocar al mandatario.

La solicitud fue hecha a través de un documento dirigido a la fiscal general estadounidense Pamela Bondi, el cual se encuentra fechado Bogotá el pasado jueves 25 de septiembre de 2025. (en la parte de debajo de la nota encuentra el documento).

Según la petición, que cobija al periodista Juan Diego Quesada, corresponsal de EL PAIS, ambos habrían difundido información basada en grabaciones manipuladas que lo relacionaban con un presunto complot para deponer al jefe de Estado.

Recientemente, Leyva reveló que los audios fueron objeto de un peritaje forense en el que “se logró determinar que el audio no es original ni se presenta íntegro«

En la solicitud de investigación añadió: «Fue editado caprichosamente para ser difundido con sentido totalmente acomodado, entrampamiento a las víctimas. Los ruidos fueron agregados”.

Sostuvo que los audios utilizados como base para un artículo publicado por EL PAIS, el 29 de junio de 2025 no eran originales y fueron editados, de acuerdo con el peritaje, el cual fue anexado en el documento.

“El informe pericial concluye que el audio no es original y que ha sido editado, lo cual desvirtúa por completo el uso que se le ha dado en la prensa y en instancias judiciales”, añadió.

De acuerdo con la versión periodística publicada el pasado 29 de junio, el excanciller habría buscado apoyo en Estados Unidos, en círculos cercanos al presidente Donald Trump, para dar un golpe de Estado al presidente Petro.

Según la nota periodística y los señalamientos posteriores se fundamentaron en hechos inexistentes, tras relatar que: “Llegué a Estados Unidos el viernes 3 de enero de este año y salí de su país el sábado 11 de enero. Es decir, de este año que corre señora Fiscal General. Estuve en USA ocho días calendario en total”.

Con base en estas fechas, considera inexactas las referencias a reuniones con asesores republicanos en abril del mismo año.

En el documento también rechazó que él o su hijo hubieran gestionado encuentros con los congresistas Mario Díaz-Balart o Carlos A. Giménez: “Ese periódico nunca me ha formulado pregunta alguna. Y agrega una falsedad adicional así: El excanciller y su hijo, Jorge Leyva, cuentan con buenos contactos entre las filas del Partido Republicano de Estados Unidos. Por esa vía le pidieron a sus amigos que les organizaran una reunión con el congresista Mario Díaz-Balart, representante por Florida”, añadió.

 “También tenían la intención de verse con otro congresista muy conocido en Miami, Carlos Antonio Giménez. Pido excusas a Carlos Antonio Giménez. No conocía el importante rol de dicho representante Giménez en la política norteamericana. Confieso que nada sabía de él. No tenía noticias de sus antecedentes. Ninguna intención tuvimos entonces de buscar al mencionado congresista”, de acuerdo con la denuncia.

En la solicitud del indictment incorporó declaraciones públicas del presidente Petro sobre la existencia de un supuesto complot, así como publicaciones en la red social X en las que se dirigió a dirigentes políticos estadounidenses.

Leyva justificó la petición recordando que en ese país existen figuras penales que podrían ser aplicables, como la conspiración para defraudar a Estados Unidos, las declaraciones falsas, la conspiración contra derechos y la complicidad.

 “Señora Fiscal General, (…) me tome la libertad de recordar las normas que señalo a continuación: 18 U.S.C. § 371 — Conspiración para Defraudar a los Estados Unidos; 18 U.S.C. § 1001 — Declaraciones Falsas; 18 U.S.C. § 241 — Conspiración contra los Derechos; 18 U.S.C. § 2 — Complicidad (Aiding and Abetting)”, de acuerdo con el documento.

Igualmente, recordó que en la jurisprudencia estadounidense se establece, además, que los periodistas pueden ser llamados a colaborar con investigaciones penales, como en los casos Branzburg v. Hayes y United States v. Sterling.

Igualmente, mostró su disposición de colaborar con el Departamento de Justicia en calidad de denunciante y de aportar la documentación que considera relevante para el esclarecimiento de los hechos.

“Me pongo a disposición de las autoridades de los Estados Unidos para ampliar la información aquí consignada y aportar los elementos de prueba adicionales que resulten pertinentes”, puntualizó.

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