El Frente de Guerra Oriental del ELN publicó pidió al presidente Gustavo Petro agilizar las gestiones para la liberación de varios presos del grupo armado, con el fin de proceder, según ellos, a la entrega de los servidores públicos secuestrados.
De acuerdo con esa organización armada ilegal, ante la falta de avances en ese proceso, realizará un “juicio revolucionario” contra las personas que mantienen en su poder.
“Los agentes Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación, el patrullero Jordín Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Frankin Sley Hoyos Murcia, de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia de Jimbo, Bogotá pasarán a un juicio revolucionario donde podrán recibir penas de prisión de 3 a 7 años, teniendo derecho a recibir y enviar correspondencia familiar”, anunciaron a través de un video.
Agregó que “tan pronto se realice dicho juicio, se informará a la opinión pública los resultados. Tercero, a diferencia del régimen que aplica una justicia desproporcionada, brutal y punitiva contra el ELN y los luchadores sociales”.
“El ELN se orienta hacia una justicia diferenciada a los operadores y preserva la vida. Cuarto, seguimos en disposición de acuerdos humanitarios en el caso de los prisioneros”, indicó.
Según el mensaje difundido por el grupo armado ilegal, los secuestrados permanecerían en su poder por un período de más de tres años, mientras el grupo asegura orientarse hacia una “justicia diferenciada” con los operadores judiciales, prometiendo preservar sus vidas.
“Inadmisible” amenaza de juicio “revolucionario”: Fiscalía
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación reiteró el llamado a la libertad inmediata e incondicional de los agentes del CTI secuestrados el pasado 8 de mayo.
A través de un comunicado, el ente acusador señaló que rechaza la exigencia del ELN de condicionar la libertad de nuestros servidores a un canje, como si se tratara de fichas de cambio.
Recordó que se trata de funcionarios judiciales, que acompañan labores de protección y asistencia a víctimas, testigos e intervinientes en actuaciones penales, en el marco de la función de investigar los delitos y acusar a los presuntos responsables de infringir la ley penal.
Así mismo, agradeció, reconoció e insistió “en las gestiones humanitarias permanentes que adelantan para su retorno sanos y a salvo la ONU y su Misión de Verificación, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo”.
Señaló que acompaña las gestiones y movilizaciones promovidas por las organizaciones sindicales de la Rama Judicial, por la libertad, dignidad, integridad y respeto de los derechos humanos de los servidores del CTI, así como de los integrantes de la policía judicial de la Policía Nacional, patrullero Yordi Fabián Pérez Mendoza y subintendente Franki Esley Hoyos Murcia.
“Para la Fiscalía General de la Nación, son inadmisibles tanto la amenaza de un supuesto “juicio revolucionario” contra los dos servidores de la entidad y los agentes de la Policía Nacional, como las demás pretensiones y sentido del reciente pronunciamiento del ELN respecto a la situación de los cuatro secuestrados en Arauca”, añadió.
Finalmente, aseguró que “la Fiscalía continúa la investigación contra los integrantes del llamado frente oriental de guerra del ELN, responsables de este secuestro extorsivo”.
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