La Contraloría General de la República determinó que los vuelos de Juliana Guerrero Jiménez le costaron a la Nación más de 213 millones 500 mil de pesos, un hallazgo con connotación fiscal, que podría tener una incidencia disciplinaria al Ministerio del Interior por el presunto uso indebido de recursos del Convenio 400-2025 (servicios aéreos).
Dentro de las indagaciones adelantadas por el organismo de control, se determinó, por ejemplo, que se realizaron vuelos en aeronaves de la Policía registrados para «Reunión comunidad», pero que en realidad tuvieron como fin la asistencia Guerrero Jiménez al Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, los días 19 y 20 de junio de 2025.
La entonces secretaria Ejecutiva del Ministerio del Interior, se desplazó, en esa ocasión, cubriendo las rutas Bogotá- Valledupar y Valledupar – Aguachica- Valledupar.
La Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad señaló que este hallazgo, además de la connotación fiscal por un valor de $ 213.548.069,50, podría tener una presunta incidencia disciplinaria por lo que se dio traslado del caso a la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal.
Para ese organismo, aunque los vuelos fueron realizados mientras la joven era funcionaria del Ministerio del Interior, las aeronaves oficiales se utilizaron para motivos personales y no para funciones propias de su cargo, con lo cual esto constituye un «menoscabo al presupuesto público» y «un daño patrimonial al Estado».
La entidad indicó que las investigaciones y revisiones se iniciaron luego de recibir un derecho de petición que pedía revisar un artículo de prensa referente a «posibles irregularidades en la autorización de vuelos realizados por una funcionaria del Ministerio del Interior en aeronaves de la Policía Nacional, aparentemente sin una causa asociada a las funciones de la Cartera Ministerial».
Tras las indagaciones, se determinó que los más de 213 millones de pesos fueron gastados solo en combustible en cinco vuelos realizados por Guerrero en junio de 2025 y que los itinerarios no cumplían con funciones del Ministerio, ya que asistió a la sesión ordinaria del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, del que era miembro.
Para la Contraloría, esta actividad era «ajena a la misionalidad del Ministerio del Interior», por lo que el viaje iba en contra de los convenios suscritos entre la Policía Nacional, el Ministerio y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A, cuyo único objetivo es permitir los «desplazamientos a las actividades misionales y actividades propias» de los cargos de quienes trabajan en la cartera dirigida por Armando Benedetti.
«Los hechos evidencian que, si bien existió autorización ministerial, el objeto del viaje no se enmarca dentro de la misionalidad institucional, por cuanto la asistencia a un órgano directivo de una universidad pública corresponde a funciones diferentes a las propias del Ministerio del Interior», indicó en un comunicado.
De manera detallada, los vuelos realizados por Juliana Guerrero implicaron los siguientes costos en combustible:
– Vuelo Bogotá- Valledupar el 19 de junio de 2025:
Aeronave: ATR-42
Horas: 1,8 horas
Valor: $34.726.028
– Vuelo Santa Marta- Valledupar el 19 de junio de 2025:
Aeronave: Bell-212
Horas: 2,2 horas
Valor: $32.476.068
– Vuelo Valledupar- Aguachica – Valledupar el 20 de junio de 2025:
Aeronave: Bell-212
Horas: 5,8 horas
Valor: $85.618.724
– Vuelo Valledupar – Bogotá el 20 de junio de 2025:
Aeronave: ATR-42
Horas: 2 horas
Valor: $38.584.476
– Vuelo Valledupar – Santa Marta el 21 de junio de 2025:
Aeronave: Bell-212
Horas: 1,5 horas
Valor: $22.142.773
La Contraloría enfatizó que los vuelos de Guerrero constituyeron una «gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica» por parte del Ministerio del Interior «al haberse solicitado apoyo aéreo en el marco del convenio para unos vuelos cuya finalidad no resulta consecuente con la misionalidad ni las funciones del Ministerio».
Con el propósito de evitar que se repita esta situación, el ente de control envió una carta al Ministerio del Interior en la que solicitó un plan de mejoramiento y solicitó iniciar una investigación disciplinaria del caso.
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