La Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al general, Juan Miguel Huertas, por presuntos nexos con las disidencias de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, mientras que anunció acciones contra agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por estos mismos hechos.
A través de un comunicado de prensa, el ente acusador se refirió al hallazgo de archivos en computadores y otros elementos el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia), cuando fue interceptada en un retén militar una caravana de integrantes del autodenominado Estado Mayor de bloques y frentes de las disidencias de las Farc.
En esos equipos electrónicos fueron encontrados archivos según las cuales se demostrarían presuntos nexos del general Huertas y el funcionario de inteligencia Wilmar Mejía, con la organización armada ilegal de alias “Calarcá”.
“La fiscalía de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín compulsó copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para que se indague la conducta del brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en los elementos incautados”, señaló el ente acusador.
Así mismo, indicó que “se dispuso la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada en el impulso de líneas de investigación sobre posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las FARC, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la Presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales”.
Que pasó con la investigación
La Fiscalía salió al paso de los cuestionamientos sobre los avances de las investigaciones por los archivos encontrados a alias Calarcá y dijo que están a cargo de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín.
“Ni el Despacho de la Fiscal General de la Nación, ni ninguna otra dependencia de la entidad, incluida la Delegada contra la Criminalidad Organizada o la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, DECOC, superiores jerárquicos de esa funcionaria, recibió durante el transcurso de estos 16 meses, reportes o copias de la información recaudada, posibles hechos, actuaciones o conductas punibles de su competencia”, enfatizó.
En el comunicado se hizo un recuento del momento en el que se produjo la incautación del material y lo que sucedió a partir de ese momento con las indagaciones por lo encontrado.
“En los hechos registrados el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia), cuando fue interceptada en un retén militar una caravana de integrantes del autodenominado Estado Mayor de bloques y frentes de las disidencias de las FARC, fueron incautados computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos”, indicó.
En la caravana se movilizaban AlexanderDíaz Mendoza, alias “Calarcá”, Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar, Diana Carolina Rey Rodríguez, María Alejandra Ojeda Londoño, Wenser Yosony SábanaDuque, alias Oliver y Édgar de Jesús Ortega, alias Firu.
En relación con el material incautado, el ente acusador señaló fue sometido “a cadena de custodia y debidamente legalizado ante los jueces de la República”.
“Dos equipos forenses adscritos a la DIJIN de la Policía Nacional se encargaron de realizar el proceso de extracción y análisis de la información digital, emitiendo cinco informes técnicos, el último de los cuales se presentó el pasado 26 de junio a la fiscal especializada contra las Organizaciones Criminales con sede en Medellín que ha tenido a su cargo la investigación por estos hechos”, detalló.
Igualmente, informó que “el más reciente cruce y análisis de datos fue ordenado por ella el pasado 24 de septiembre, junto con un amplio despliegue de actos investigativos, para ser validados como evidencia ante la Judicatura. A la fecha, continúa en verificación la gran cantidad de información hallada”.
“Los elementos incautados han servido para judicializar a 28 disidentes del frente 36 de las FARC en Antioquia”, indicó.
Señaló que “tres de los integrantes de la caravana fueron judicializados: María Alejandra Ojeda Londoño y Wenser Yosony Sábana Duque, alias Oliver, por el delito de porte ilegal de armas de fuego, por el que aceptaron cargos y fueron condenados cumpliendo actualmente pena de prisión”.
Mientras que Edgar de Jesús Ortega, alias Firu, fue judicializado por el delito de homicidio por el cual ya se radicó escrito de acusación y quien también permanece privado de la libertad.
“Cabe precisar que ese día no fueron capturados Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar y Diana Carolina Rey Rodríguez, porque previamente fueron suspendidas las órdenes de captura emitidas en su contra y las que pudieran emitirse en el futuro, en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley 2272 de 2022 y las resoluciones 0005 del 16 de enero de 2024 y 0282 y 0283 del 4 de julio del mismo año”.
La Fiscalía indicó que “los dispositivos recuperados, de donde se extrajo la información, han estado desde su incautación bajo la custodia de la DIJIN, por lo que resulta alarmante que su contenido hubiera trascendido públicamente, en clara violación del principio de reserva que rige las actuaciones penales.
Finalmente, recordó que, “sin perjuicio de los principios de unidad de gestión y jerarquía, propios de la Fiscal General de la Nación, los fiscales delegados actúan con autonomía en el ámbito de sus facultades y que, como corresponde en investigaciones de alto impacto, la información se gestiona bajo estrictos protocolos de reserva legal para proteger la eficacia de las actuaciones y la integridad de la evidencia”.
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