La Defensoría del Pueblo de Colombia presentó una solicitud al Consejo de Estado para retirar la designación como gestores de paz a varios históricos líderes paramilitares, como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, o Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, pues han incumplido sus compromisos.
La titular de ese despacho Iris Marín, explicó que esta figura del gestor viene en la Ley de Justicia y Paz que promovió el expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar a los paramilitares, pero no coincide con la función que el Gobierno pretende darle a estas personas, cuya interacción con las comunidades afectadas puede vulnerar los avances logrados.
Bajo este nuevo estatus, se «abre la posibilidad de que estas personas estén saliendo de los centros penitenciarios» para llevar a cabo «actividades que no tienen ninguna regulación ni supervisión judicial», alertó la defensora del Pueblo en una entrevista concedida a la emisora colombiana Blu Radio.
El sustento de la demanda
En ese sentido, en la demanda se hace mención a una posible extralimitación de las funciones del presidente Gustavo Petro a la hora de habilitar estos nombramientos y pide al Gobierno que el uso de esta figura no acabe favoreciendo la expansión de grupos armados, como las disidencias de las Farc.
En el Decreto se les otorga beneficios como apoyo psicosocial, desarrollo de habilidades y la posibilidad de recibir una asignación mensual, además de poder tener la suspensión de medidas de aseguramiento y penas.
Según la Defensora, esto es una afrenta a las víctimas, y una afectación al orden público, social, económico y político, por lo que se demandó la norma ante la sección primera del Consejo que deberá determinar si procede o no.
“El acto introduce un riesgo estructural de revictimización simbólica, pues para las víctimas directas de la violencia paramilitar, que han esperado por décadas una reparación integral que no llega, verán a sus victimarios elevados a un rol de interlocución con el Estado, sin que medie un proceso de reparación efectivo y sin su participación, lo que constituye una afrenta a su dignidad y un retroceso en los procesos de reconciliación comunitaria”, de acuerdo con el documento.
El organismo señaló que la paz no puede construirse sobre el dolor de quienes sufrieron las consecuencias de la guerra, por lo que consideró que la decisión de Presidencia de otorgarle beneficios a los excomandantes paramilitares es una forma de mitigar la confianza de la ciudadanía en el Estado y las leyes.
Para la Defensoría, la sustentación de la demanda del decreto no solo fue cualitativa, sino normativa, tras considerar que la resolución que establece la figura de gestores de paz ignora los derechos de las víctimas a la participación y a la verdad, puesto que los excluye de la toma de decisiones acerca de cómo, cuándo y qué actividades de reparación se realizarán.
*Vea aquí: Abren investigación por muerte de menores de edad en bombardeos y se agita la carrera presidencial.
*Con información de Europa Press
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