El Ejército Nacional denunció el secuestro de 18 militares en el departamento del Chocó, por una multitud, presuntamente de miembros de comunidades indígenas, en medio de sus operaciones contra el ELN que anunció un alto el fuego que será efectivo entre el el 24 de diciembre y el 3 de enero.
Los militares fueron rodeados y retenidos en un «resguardo indígena» por unas 200 personas mientras realizaban labores de seguridad y control territorial en el municipio de Carmen de Atrato, según informó la Décimoquinta Brigada del Ejército en un comunicado.
El comandante de esta Brigada, general, William Fernando Caicedo, aseguró en declaraciones a la RCN que «sé que están bien porque el comandante de la unidad me alcanzó a llamar por el teléfono satelital. Estamos haciendo todo el proceso para que les respeten la vida y procedan a liberarlos».
Las Fuerzas Armadas calificaron lo ocurrido de «grave vulneración a la libertad personal, la integridad y la seguridad» de sus efectivos y rechazó «cualquier» acción que interfiera en el desarrollo de sus operativos contra el ELN.
Consideró la importancia de priorizar el diálogo y el respeto «estricto» a la legislación nacional e internacional para desmantelar a los grupos armados.

Denuncia ante la Fiscalía
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó «de manera categórica el secuestro» de los militares colombianos en un comunicado en el que ha incidido en que estos «desarrollaban operaciones legítimas contra el cartel del ELN».
“Fueron rodeados por cerca de 200 personas y trasladados por la fuerza, en contra de su voluntad, a un resguardo indígena, mientras desarrollaban operaciones legítimas contra el cartel del ELN”, indicó.

Aseguró que «estas operaciones tienen como propósito proteger a la población civil -en especial a las comunidades indígenas- frente a amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros hechos asociados a la violencia, así como dar respuesta a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo», aseguró.
“La Constitución y la ley son claras: la Fuerza Pública tiene el deber y la facultad de estar donde sea necesario para proteger la vida, la libertad y la seguridad de todos los colombianos”, enfatizó.
Aseguró: “Cuando se cierran las puertas a la Fuerza Pública, se abren a la ilegalidad. La paz no se construye secuestrando soldados ni debilitando al Estado. Restringir su labor pone en grave riesgo, precisamente, a las comunidades que requieren mayor protección”.
En una publicación en la red social X, dijo que lo sucedido «constituye delitos graves, entre ellos la obstrucción a la función pública y otros tipos penales agravados, al tratarse de servidores públicos en cumplimiento de una misión constitucional».

El titular de la cartera de Defensa anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía y la activación de «todos los canales institucionales, con el acompañamiento del Ministerio del Interior, la Gobernación del Chocó y de organismos de derechos humanos, priorizando la vida e integridad de nuestros hombres y evitando cualquier riesgo para la comunidad».
“Ninguna causa ni mecanismo de presión social justifica la privación de la libertad ni la vulneración de los derechos humanos de nuestros militares”, señaló.
Aseveró: “De manera paralela a la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía, hemos activado todos los canales institucionales, con el acompañamiento del Ministerio del Interior, de la Gobernación del Chocó y de organismos de derechos humanos, priorizando la vida e integridad de nuestros hombres y evitando cualquier riesgo para la comunidad”.
“A las comunidades del país les decimos, con respeto y firmeza: construyamos confianza, legalidad y protección conjunta. Cerrémosle juntos los espacios a los criminales”, indicó.

E hizo una invitación a la ciudadanía: “¡Denuncie y ayúdenos a proteger la vida! • Contra el crimen: 314 358 7212 • Líneas GAULA: 147 – 165 • 107 – 157 • Reclutamiento infantil: 141 Absoluta reserva. El Estado somos todos. Y juntos, los buenos somos más.
El ELN anunció en la víspera (domingo) un alto el fuego con motivo de las fiestas navideñas y de fin de año que será efectivo entre el 24 de diciembre y el 3 de enero, días después de realizar un paro armado de 72 horas, entre el 15 y el 17 de diciembre.
Durante ese periodo hubo instalación de explosivos en vías, colocación de banderas de la organización y ataques contra guarniciones militares, entre ellos uno ocurrido en Villanueva, La Guajira, que dejó siete militares muertos el 18 de diciembre.
En esa línea, el Frente 33 del Estado Mayor Central de los Bloques y el Frente (EMBF), guerrilla que lidera Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá Córdoba’, anunció el cese indefinido de las acciones ofensivas contra las fuerzas de seguridad.
*Vea aquí: Emergencia económica: ¿Burla al control de la Corte Constitucional?
*Con información de Europa Press
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