El Gobierno del presidente Gustavo Petro estableció un mecanismo diferencial para determinar el precio del diésel para vehículos de servicio particular, diplomático y oficial, y permitir una mayor focalización de los subsidios al combustible que hasta ahora entrega el Estado.
A través del Decreto 1428 de 2025, el ministerio de Minas y Energía consideró que esta medida busca corregir distorsiones en el uso de los subsidios que afectan las finanzas públicas.
Entre otras razones, la cartera energética señaló que, desde su creación con el artículo 69 de la Ley 1151 de 2007, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), ha tenido como función atenuar el impacto de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados internacionales.
De hecho, en los últimos cuatro años el déficit del Fepc superó los $70 billones, pues el precio del Acpm se mantuvo a precios de mercado interno, aunque Ecopetrol adquiría el combustible a un precio mayor en el mercado internacional, y la diferencia la subsidió la nación para todo el país.
En los considerandos de la nueva normativa, se cita el concepto técnico de los ministerios de Hacienda y Minas en el que se advierte que “los recursos destinados al Fepc podrían reorientarse hacia programas de gasto público social o inversión con tasas de retorno sociales y económicas más altas que los destinados a los combustibles líquidos».
Agrega que “al establecer una diferenciación explícita entre vehículos que prestan servicio particular, oficial o diplomático, y aquellos vehículos que prestan servicios esenciales de transporte de carga y de pasajeros, se busca subsanar las distorsiones en la asignación del subsidio al diésel y mejorar la progresividad del esquema».
Con la nueva medida, el precio del combustible diésel para vehículos de servicio particular, diplomático y oficial se acerca a su valor real, mientras que el transporte público de carga y pasajeros queda expresamente excluido para no afectar el precio de los alimentos, el transporte y el bolsillo de los hogares colombianos.
“El subsidio a los combustibles debe estar donde cumple una función social. Proteger al transporte público es proteger el empleo, la producción y el costo de vida de millones de familias colombiana», consideró el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, al explicar que la nueva medida “busca mayor equidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos».
La norma dice que la implementación del nuevo mecanismo diferencial se hará de forma gradual y focalizada, comenzando en las principales ciudades y áreas metropolitanas del país, lo que permitirá un mejor control y seguimiento del impacto de la medida antes de su posible ampliación a otros municipios.
El Decreto 1428 establece que el mecanismo diferencial de estabilización de precios del diésel aplicará, en principio, en los siguientes municipios:
– Antioquia: Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Medellín y Sabaneta.
– Atlántico: Galapa, Malambo, Soledad, Barranquilla y Puerto Colombia.
– Bogotá, D.C.
– Bolívar: Arjona, Cartagena de Indias, Clemencia, Santa Catalina, Santa Rosa, Turbaco y Turbana.
– Córdoba: Cereté, Ciénaga de Oro, Montería, San Carlos y San Pelayo.
– Cundinamarca: Bojacá, Cajicá, Chía, Cota, El Rosal, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Ziaquirá.
– Magdalena: Ciénaga, Pueblo Viejo, Santa Marta y zona bananera.
– Risaralda: Dosquebradas, La Virginia, Pereira y Santa Rosa de Cabal.
– Santander: Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
– Tolima: Alvarado, Cajamarca, Ibagué, Piedras y Venadillo.
– Valle del Cauca: Cali, Candelaria, Jamundí, Palmira, Vijes y Yumbo.
El ministro Palma reiteró que esta decisión no es un aumento generalizado del combustible. “No estamos tocando el diésel del transporte público. Estamos corrigiendo un subsidio que no era justo ni sostenible, para cuidar los recursos del Estado y destinarlos donde más se necesitan», concluyó.
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