El Gobierno destinará 10.000 millones de pesos en la defensa del presidente, Gustavo Petro, ante las autoridades de Estados Unidos, tras su inclusión en LA OFAC (LISTA Clinton), denunció el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout.
El dirigente político reveló el contrato suscrito por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, con la firma Amadeus Consultancy Limited del abogado Daniel Kovalik, graduado de Columbia Law School en 1993, especializado en derechos humanos, derecho laboral y litigios de responsabilidad corporativa internacional.
“Prestar servicios profesionales de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, orientada al análisis normativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales aplicado por autoridades extranjeras; así como, la elaboración de conceptos técnicos, análisis de riesgo institucional y recomendaciones jurídicas estratégicas”, según el objeto del contrato.
El concejal De Bedout señaló en su cuenta en X: “Atención, Gustavo Petro destinó $10.000 millones de recursos públicos para contratar una firma internacional con el objeto de asesorar y defender al Presidente y su familia frente a eventuales actuaciones de la OFAC (lista Clinton)”.
Añadió: “El uso de la contratación directa para atender un riesgo personalísimo del jefe de Estado es ilegal. Esto plantea una grave desviación del fin del gasto público”.
“¿Desde cuándo los problemas personales y familiares del mandatario se pagan con nuestros impuestos? Esto es defensa estratégica y asesoría personal financiada con plata pública y merece control inmediato. Todo esto sucede días previos a que inicie la ley de garantías”, enfatizó el cabildante.
Tras anunciar que puso en conocimiento de la Contraloría General de la República el contrato, el presidente del Concejo de Medellín escribió en esa red social: “Esto está más grave de lo que pensaba”.
Luego de recordar que el presidente, Petro anunció en octubre que “su abogado en EE. UU. sería Daniel Kovalik. Meses después, la Presidencia no lo contrata a título personal, sino que contrata una firma internacional por 10.000 millones de pesos, pagados con recursos públicos, para asesoría especializada frente a la OFAC”.
“Cuando se revisa quién integra y asesora esa firma, aparece el mismo abogado anunciado por Petro, Daniel Kovalik. Es decir, lo que el Presidente presentó como una defensa personal termina canalizada por un contrato estatal, usando la Presidencia como intermediaria financiera”, enfatizó.
Y añadió: “El Estado no puede ser la fachada de la defensa personal del Presidente. La Nación no es Petro. Cuando el poder se usa para protegerse a sí mismo con plata pública, estamos ante un abuso que exige investigación y control”.
Lo que ha llamado la atención, además, según De Bedout, el propio abogado Kovalik, dijo en entrevista con Blu Radio que asumió la defensa de Petro de manera gratuita, “por convicción” y para defender una causa.
“Lo que no mencionó entonces es que, meses más tarde, recibiría un contrato por 10 mil millones de pesos, financiado con recursos públicos. Nos creen bobos”, señaló.
Luego anunció que “he puesto en conocimiento formal e inmediato de la Contraloría General de la República” el contrato “dada la posible desviación del fin del gasto público y la confusión entre interés general e intereses personales”.
Señaló que Kovalik “figura actuando en nombre como Representante Legal”, de la firma Amadeus Consultancy Limited”, el mismo abogado “que el propio Presidente presentó públicamente como “su abogado en EE. UU.”.
“Lo que plantea graves cuestionamientos jurídicos sobre la finalidad real del contrato y la legitimidad del uso de recursos públicos para un asunto anunciado como personal», señaló.
Añadió: «El Estado no es una extensión de la defensa privada del Presidente. La cuantía, la modalidad empleada, el objeto y la identidad del asesor exigen un escrutinio público riguroso, a la luz de los principios del régimen de contratación estatal”.
Finalmente, indicó que “por estas razones, solicitamos control fiscal exhaustivo, preventivo y la verificación de eventuales responsabilidades fiscales y administrativas. El país tiene derecho a saber si recursos públicos fueron comprometidos para cubrir una defensa personal. Esto no admite dilaciones ni explicaciones ambiguas”.
A finales de octubre de 2025, la OFAC incluyó oficialmente en la Lista Clinton al presidente Petro, a la primera dama Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro Burgos y al actual ministro del Interior Armando Benedetti, bajo el argumento de presuntos vínculos con actividades de lavado de activos y una falta de cooperación efectiva en la lucha contra el narcotráfico.
*Vea aquí: Delcy Rodríguez en Colombia: ¿Gobierno Petro reconoce al régimen chavista? Esto respondió Benedetti.
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