La Fiscalía imputará cargos por presuntas omisiones en la protección del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado el pasado 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito del barrio Modelia en el noroccidente de Bogotá.
La decisión recae sobre el director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Augusto Rodríguez, quien será imputado por prevaricato por omisión, al no atender adecuadamente las solicitudes hechas para fortalecer el esquema de seguridad del congresista del Centro Democrático.
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, la audiencia de imputación de cargos fue programada para el próximo 14 de febrero, a partir de las 2 p. m.
Como se recuerda, Víctor Mosquera, abogado defensor del senador de oposición, había denunciado que en varias ocasiones la UNP, había solicitado el reforzamiento del esquema de seguridad, especialmente, por los riesgos en el inicio de la campaña frente a las elecciones presidenciales de este año.
Estas omisiones habrían facilitado el atentado criminal ocurrido en la tarde del 7 de junio cuando Uribe Turbay realizaba una concentración política en la localidad de Fontibón.
De acuerdo con el abogado, en los primeros meses del año 2025 se presentaron 23 solicitudes de reforzamiento de seguridad, después de que anunciara su precandidatura presidencial, y desde la entidad adscrita al Ministerio del Interior no se adoptaron las medidas necesarias para protegerlo.
Detalló que la última petición fue radicada el 5 de junio dos días antes del magnicidio.. «En estas solicitudes se establecía por qué al candidato presidencial se le debía dar la protección adecuada”, precisó Mosquera
Según el jurista, la misma UNP ya había advertido en 2023 sobre los riesgos de seguridad del candidato presidencial.
Un año después, cuando el congresista del Centro Democrático hizo pública su precandidatura a la Presidencia, no se le realizó un nuevo estudio de seguridad, ni se tuvo en cuenta que su esquema de protección debía ser reforzado
“Esto es muy grave porque tenemos que identificar si fue por omisión que se presentaron estos hechos. Desde el 5 de junio se sabía que al precandidato tenían que reforzarle su seguridad”, dijo en su momento el abogado.
Igualmente, reveló que en cada una de las peticiones, la UNP contestaba que “no representaba un riesgo” y que “no podían colaborarle con sus desplazamientos”.
Recordó que a finales de marzo de 2025 no se autorizó el aumento del esquema de seguridad, ni facilidades de transporte para su desplazamiento durante un viaje a Cartagena para participar en la Asamblea Anual de Asobancaria.
“Tuvo que viajar solo con su equipo de campaña porque no autorizaron el viaje de sus escoltas y tampoco le dieron seguridad en Cartagena. Había un estado absoluto de indefensión”, señaló.
Para Mosquera, las respuestas de la UNP eran casi un copy-paste, lo que demuestra que no se llevó a cabo un análisis de seguridad del senador del Centro Democrático.
En esa oportunidad, el abogado insistió en que el esquema de protección “era absolutamente ligero, que no corresponde a un candidato presidencial y no atiende a criterios lógicos de que estaba en oposición” al actual Gobierno.
En cada una de las peticiones, la UNP contestaba que “no representaba un riesgo” y que “no podían colaborarle con sus desplazamientos”.
Incluso, en el evento de Asobancaria que se realizó a finales de marzo en Cartagena, no se le avaló al congresista un aumento de esquema de protección ni facilidades de transporte. “Tuvo que viajar solo con su equipo de campaña porque no autorizaron el viaje de sus escoltas y tampoco le dieron seguridad en Cartagena. Había un estado absoluto de indefensión”.
Para Mosquera, las respuestas de la UNP eran casi un copy-paste, lo que demuestra que no se realizó un análisis de seguridad del senador del Centro Democrático.
Aseguró que prácticamente el esquema de protección “era absolutamente ligero, que no corresponde a un candidato presidencial y no atiende a criterios lógicos de que estaba en oposición” al actual Gobierno.
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