La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad y en primer debate una esperada ley de amnistía para los presos políticos que permita dar pasos «decisivos» hacia la paz en el país latinoamericano tras la salida de Nicolás Maduro del poder.
«El proyecto de ley afortunadamente no es listado de nombres, porque esos listados de nombres siempre son excluyentes; son más todos los elementos que pueden ser sujetos a esta ley desde 1999 hasta 2026″, indicó del órgano electoral, Jorge Rodríguez, tras la votación.
Según la Constitución, «para convertirse en ley todo proyecto recibirá dos discusiones en días diferentes», siendo que en la primera se aborda «la exposición de motivos», así como «sus objetivos, alcance y viabilidad», mientras que en la segunda se haga un debate «artículo por artículo».
Rodríguez anunció la creación de una comisión para realizar consultas sobre el proyecto, denominado Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que estará presidida por el diputado Jorge Arreaza.
El texto excluye los delitos de violaciones graves a los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción o tráfico de drogas.

«La amnistía general propuesta busca la justicia y la convivencia entre los venezolanos, permitiendo la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad, siempre con respeto a la ley y la justicia», de acuerdo con la exposición de motivos recogida por varios medios venezolanos.
La ONG Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, ha catalogado de «positivo» que se haya iniciado el debate de la ley de amnistía, si bien ha instado a las autoridades venezolanas a hacer público «de inmediato» el texto íntegro.

«En buen cristiano: Sin el respaldo y sin los aportes de la sociedad civil, la amnistía tendrá las patas muy cortas», ha expresado en redes sociales Gonzalo Himiob, fundador de la ONG, quien ha aludido a que solo se ha hecho pública la exposición de motivos de la legislación, que tendrá ahora que ser aprobada en segundo debate.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció esta medida y propuso también el cierre de las instalaciones de El Helicoide, centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) para su reconversión un espacio cultural y deportivo.
No obstante, organizaciones de Derechos Humanos han recordado que en el país todavía existen numerosas leyes que restringen las actividades de ONG y que la ley de amnistía no cubre los delitos cometidos durante el mandato de Maduro y su predecesor, Hugo Chávez.
*Vea aquí: El sancocho de las consultas interpartidistas del 8 de marzo: Cepeda fuera, Quintero adentro.
*Con información de Europa Press
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