La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó por el delito de cohecho impropio a cinco congresistas y a un excongresista dentro de las investigaciones por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
El alto tribunal ordenó, además, medida de aseguramiento en centro carcelario contra Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte, quienes resultaron reelegidos en las elecciones del pasado domingo.
Así mismo fueron llamados a juicio los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez, así como contra el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
Los investigados continuarán vinculados al proceso, pero permanecerán en libertad mientras avanza la actuación judicial. La investigación está relacionada con hechos ocurridos durante el segundo semestre de 2023.
La decisión fue adoptada según la Sala Especial de Instrucción “por la presunta aceptación de dádivas a cambio de comprometer su función como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público”.
La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.
En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en Córdoba, Arauca y Bolívar.
En los encuentros documentados por la Sala, se habrían definido los montos con los que representantes del ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función.
Según indicó, el amplio material recaudado durante la investigación permite concluir que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio. Una vez quede ejecutoriada, la decisión será enviada a la Sala Especial de Primera Instancia para continuar con el proceso judicial correspondiente.
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