El Gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones impuestas contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en medio del acercamiento con las nuevas autoridades del país latinoamericano tras la captura, el pasado enero, del presidente, Nicolás Maduro.
El Departamento del Tesoro anunció este miércoles en su página web que excluye a «Delcy Eloísa Rodríguez Gómez» de la lista de «nacionales especialmente designados» de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) o lista Clinton, sin dar más detalles.
La mandataria desctacó la decisión de Washington «como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países» en un mensaje difundido en redes sociales poco después del anuncio.
«Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos. ¡Sigamos avanzando en la construcción de una Venezuela próspera para todos!», agregó.
La medida llega en una nueva etapa de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela tras el ataque de Washington a Caracas a principios de enero y años después de que el país latinoamericano sancionara a Rodríguez en septiembre 2018, durante el primer mandato de Donald Trump.
Rodríguez, que desde enero se puso al frente del país y en las últimas semanas renovó su gabinete, sustituyendo a ministros claves durante la etapa de Maduro, sigue estando sujeta a sanciones de otros gobiernos y entidades como la Unión Europea, Reino Unido y Canadá.
Venezuela ve «disonantes» palabras de la OEA pidiendo transparencia en nombramiento de altos cargos
Entre tanto, el ministro de Exteriores, Yván Gil, criticó la declaración «disonante» del secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, quien pidió que las autoridades venezolanas garanticen transparencia e independencia mientras renuevan altos cargos del Estado.
«La Organización de Estados Americanos carece de toda competencia para pronunciarse sobre asuntos internos de Venezuela, país que no forma parte de dicho organismo. Resulta, por tanto, profundamente disonante que un funcionario de esa instancia pretenda opinar sobre procesos que corresponden exclusivamente al pueblo venezolano y a su orden constitucional», declaró en un comunicado en redes sociales.
«Sorprende, que el actual secretario general, pretenda hoy invocar el nefasto legado de su antecesor Luis Almagro», agregó el jefe de la diplomacia venezolana, antes de asegurar que su país «continuará su curso de autodeterminación, derecho inalienable de su pueblo».
Gil respondió así a unas declaraciones «desatinadas» en redes sociales de Ramdin, quien ha recordado a las autoridades dirigidas desde enero Delcy Rodríguez –quien fuera ‘número dos’ del presidente Nicolás Maduro– que «deben garantizar que los procesos de designación del fiscal general de la República y del defensor del pueblo cumplan con los estándares mínimos de transparencia, mérito y participación ciudadana».
«La designación de autoridades que ofrezcan garantías creíbles de independencia para todos los sectores de la sociedad puede representar un paso fundamental hacia la reconciliación nacional y una transición democrática», dijo quien fuera ministro de Exteriores de Surinam antes de dirigir la OEA, en un mensaje en el que ha reafirmado la disposición de la Secretaría General de la OEA para «apoyar a Venezuela en la atención de sus desafíos institucionales».
La presidenta encargada ha renovado su gabinete en las últimas semanas, además de relevantes cargos como son la Fiscalía General, desde hace una semana en manos de la abogada Ariannys Viviana Seijó Noguera, quien ha trabajado como consultora jurídica de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), habiendo sido previamente asesora externa de la Procuraduría General de la República.
Precisamente el que fuera fiscal general de Venezuela Tarek William Saab, dirige desde finales de febrero la Defensoría del Pueblo, un nombramiento que ha sido cuestionado por ONG venezolanas y extranjeras por su presunto papel en la represión de manifestantes tras las elecciones presidenciales en julio del 2024.
*Vea aquí: Pacto Histórico advierte sobre hechos con los que se buscarían alterar los resultados de las elecciones presidenciales.
*Con información de Europa Press
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