A 10 años de cárcel fueron condenados dos patrulleros de la Policía Nacional por su participación en las chuzadas ilegales a Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, Laura Sarabia.
La decisión que fue adoptada por la juez 53 de Conocimiento de Bogotá cobija a los uniformados Alfonso Quinchanegua y Dana Alejandra Canizales.
La sentencia se conoció, luego de que ese despacho avaló el preacuerdo al que llegaron los dos miembros de la Policía con la Fiscalía.
Ambos confesaron que participaron de las chuzadas ilegales a las exniñeras, por lo que fueron procesados por fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público agravado.
Con el preacuerdo, se les condenó a 10 años de prisión domiciliaria, una pena más baja debido a que los aceptaron los cargos.
Por el caso de las chuzadas ilegales a las dos exempleadas de Sarabia están en curso otras investigaciones como las que se adelantan contra el capitán Carlos Andrés Correa, Jhon Fredi Morales, Fredy Alexander Gómez y la supuesta fuente anónima Rafael Ricardo Santos.
Teniendo en cuenta que estas personas no han negociado con la Fiscalía, en caso de ser encontrados responsables en juicio, podrían afrontar condenas más altas.
El escándalo
El caso de las chuzadas se conoció en enero de 2023, cuando Andrés Parra, entonces pareja de Laura Sarabia, denunció que de su casa se robaron un bolso con cerca de 4.000 dólares.
Tras este hecho, se inició una investigación que derivó en las chuzadas ilegales en la que se vieron involucradas varias personas.
De acuerdo con la sentencia, los uniformados Dana Alejandra Canizales y Alfonso Quinchanegua se saltaron el protocolo y «adulteraron documentos públicos para que hicieran parte de la investigación penal, consignaron falsedades, y luego los entregaron a la Fiscalía 101 de Hurtos de Bogotá para que hicieran parte del plenario».
Con estos papeles alterados, hicieron incurrir en error a la Fiscalía, que terminó avalando la orden para escuchar a las dos exniñeras, quienes a la par habían sido falsamente vinculadas como presuntas integrantes del “clan del Golfo” con los alias de “la Madrina” y “la Cocinera” todo en aras de reforzar la necesidad de interceptarlas.
Tanto Canizales como Quinchanegua se comprometieron a declarar en contra de los otros procesados por este escándalo.
«Como patrullera pertenecí a la Sijín de Bogotá, con una antigüedad de dos años, situación que por falta de experiencia, por creer, confiar, recibí órdenes de mis superiores. Todo me llevó a creer el poder hacer un trabajo de manera honesta y correcta para la comunidad”, dijo la uniformada durante la audiencia realizada hace unas semanas. (Canizales renunció a la institución).
Y añadió que “sin embargo, quiero pedir disculpas por mi error, a las víctimas, la señora Marelbys Meza, Lucelia Robles, Fabiola Perea, Yhonson Pineda, a los fiscales Marbel Morales y al doctor Óscar Zapata; por fallarle a la comunidad general y a mi familia».
Por su parte, el abogado Diego Gutiérrez, defensor de Quinchanegua, anunció que apeló la decisión de la juez al no estar de acuerdo con los 10 años de prisión domiciliaria, por lo que el caso será revisado por el Tribunal de Bogotá.
Adicionalmente, los dos procesados esperan que la Fiscalía defina si les dará un principio de oportunidad por el delito de violación de datos personales, cometido dentro de este mismo caso.
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