La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ordenó la captura de los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara, Andrés Calle, dentro de las investigaciones por el sonado caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD).
La decisión del alto tribunal se adoptó con base en las declaraciones hechas por el exdirector y el exsubdirector de esa entidad Olmedo López y Sneyder Pinilla.
En sus declaraciones ante la Fiscalía General de la Nación, los dos exfuncionarios del Gobierno del presidente, Gustavo Petro revelaron cómo Calle y Name recibieron millonarios sobornos en octubre de 2023, tras la firma del polémico contrato para la adquisición de 40 carrotanques destinados a La Guajira.
De acuerdo con los testimonios aportados a la investigación remitida a la Corte Suprema de Justicia, en su calidad de aforados, Name (del Partido Alianza Verde) habría recibido 3.000 millones de pesos, mientras que Calle (del Partido Liberal) 1.000 millones de pesos.
En ete caso está involucrada la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz quien habría fungido como la mensajera para la entrega de estas millonarias partidas. La exfuncionaria le señaló a la Fiscalía que el dinero que le fue enviado al senador Name lo recibió el hijo del parlamentario, Iván Leonidas Name Ramírez.
Quien destapó este hecho de corrupción fue el exsubdirector del la UNGRD quien le dijo al ente acusador que él mismo, por orden de Olmedo López, le había entregado 3.000 millones de pesos en efectivo a Name, por intermedio de Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las regiones.
El exfuncionario, también reveló que le entregó 1.000 millones de pesos a Calle en su casa en un exclusivo sector en Montería (Córdoba).
Y aunque el congresista negó varias veces que haya recibido esa millonaria suma, el exsubdirector de la UNGRD presentó copias de los chats con conversaciones sostenidas con el congresista, los tiquetes de los pasajes de avión para ir a la capital cordobesa, así como la ubicación exacta de la vivienda del expresidente de la cámara de Representantes.
Por su parte, el contratista nariñense Luis Eduardo López Rosero, vinculado con el entramado de corrupción, le contó a la Fiscalía General que tenía conocimiento de la entrega de estas comisiones a los congresistas como parte de un acuerdo para viabilizar el estudio y aprobación de varios proyectos del Gobierno Petro.
Los dos expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes son investigados por los delitos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito.
Para definir la situación jurídica de los dos congresistas, el despacho del magistrado investigador escuchó en declaración al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz; el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González y el director de la UNGRD, Carlos Alberto Carrillo.
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