El exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Sneyder Pinilla será condenado a cinco años y ocho meses de prisión por la trama de corrupción dentro del organismo como parte de un acuerdo con la Fiscalía que permite rebajar su pena.
El juzgado 10 especializado de Bogotá fue el despacho que legalizó el preacuerdo con lo que técnicamente convierte a Pinilla en el primer condenado por este entramado ilegal que saqueó el erario público.
Durante la audiencia, la juez señaló que el preacuerdo fue presentado el 12 de marzo en audiencia, en el que la fiscal delegada, María Cristina Patiño, expuso los hechos jurídicos relevantes y los términos del preacuerdo.
Producto del preacuerdo, Pinilla Álvarez aceptó los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.
Adicionalmente, reintegró 618 millones de pesos que corresponderían a los dineros que recibió por concepto de dádivas por direccionar la contratación en la UNGRD.
“Se le concede la rebaja del 45% de la pena”, señaló durante la audiencia, lo que significa una condena de pena de cinco años y ocho meses de prisión, y pagar una multa equivalente a 3.550,56 salarios mínimos legales mensuales vigentes como lo solicitó la delegada de la Fiscalía, por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.
Previamente indicó: “Interrogué y verifiqué su manifestación de culpabilidad libre, consciente, expresa, voluntaria y debidamente informada, además de que recibió asesoría por parte de su defensa técnica que comprendió los términos y consecuencias del preacuerdo, deseando renunciar a su derecho a guardar silencio y a un juicio oral”.
Aunque lectura de la sentencia no se ha llevado a cabo, Pinilla se convirtió en el primer condenado por el caso después de que un juez haya validado un acuerdo alcanzado con la Fiscalía a cambio de colaborar con la Justicia.
El escándalo, que salpica también al exdirector del organismo Olmedo López, estalló después de que el propio Pinilla señalara a varios funcionarios por irregularidades en la compra de hasta 40 carrotanques para llevar agua potable al departamento de La Guajira.
Pinilla aseveró que su entonces jefe, López, ordenó la entrega de 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, que habrían recibido sobornos a cambio de aprobar una serie de reformas impulsadas por el Gobierno en el Congreso.
Las cantidades pertenecerían a los sobrecostos generados por el contrato de los carrotanques.
La exconsejera para las regiones Sandra Ortiz actuaba como intermediaria, mientras que otro de los presuntos vinculados al caso sería Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), según López.
*Con información de Europa Press
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