El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Olmedo López hizo duros cuestionamientos a la Fiscalía de la que dijo está otorgando beneficios judiciales a personas que no han colaborado como él lo ha hecho en el escándalo de corrupción en esa entidad.
A través de una carta, el principal testigo de este entramado de corrupción indicó que desde que inició su colaboración con la justicia ha entregado pruebas y verdad contra altos funcionarios del Gobierno del presidente, Gustavo Petro.
“Mi conciencia está en paz porque he cumplido con mi deber. Hace más de un año entregué la verdad, aporté pruebas, señalé a quienes ocupan las más altas esferas del poder político y administrativo”, aseguró.
Agregó: “Lo hice sin esperar indulgencias, sino creyendo que la justicia premial debía proteger a quien se atreve a hablar, no condenarlo al abandono. Y sin embargo, hoy, con profundo dolor, debo decir que me encuentro en un estado de indefensión jurídica, personal y familiar”.
En la misiva cuestionó que otros implicados en el proceso tengan mejores beneficios mientras que él considerado el principal testigo tenga que “caminar bajo amenaza constante”.
“Gozan de beneficios superiores, principios de oportunidad en trámite y preacuerdos validados por el mismo sistema que hoy me niega esas garantías. Algunos de ellos incluso intentaron comprar mi silencio con miles de millones. No solo fueron receptores de la verdad, sino actores interesados en su eliminación”, aseguró.
Añadió: «El que primero habló, hoy es el último en recibir justicia. Y el que quiso silenciar la verdad, ahora es premiado con beneficios».
López sostuvo, además que la decisión de no aprobar su preacuerdo, “erosiona gravemente los fundamentos de la justicia premial, que no es un capricho procesal, sino un pilar del modelo acusatorio, pensado precisamente para desmantelar redes criminales estructurales”.
“La señal enviada es devastadora: que quien entrega información esencial para la investigación de máximos responsables, puede ser desolado, desprotegido, e incluso castigado con mayor rigor que quienes actuaron desde el poder o desde las sombras”, indicó.
En ese sentido advirtió sobre las consecuencias estructurales de esta decisión para futuros colaboradores y representa, “una puerta abierta a la impunidad de quienes orquestaron la corrupción desde los más altos cargos”.
“¿Qué pasará con los procesos en curso contra ministros, congresistas, directores de entidades, y contratistas de élite, si se desacredita o desvaloriza el testimonio que los sustentó? ¿Qué mensaje se transmite al país si quien se atrevió a hablar, es silenciado en el proceso, mientras los grandes responsables avanzan hacia acuerdos más beneficiosos?”, cuestionó.
Finalmente, el exdirector de la UNGRD aseguró: “Silenciar al testigo clave, mediante la improbación de su preacuerdo, es condenar al olvido institucional la verdad que más incomoda. Es proteger, por omisión, a quienes más deben responder”.
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