A pocas semanas de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro, se revivieron los procesos adelantados por la justicia contra altos funcionarios, exministros y colaboradores, principalmente por el escándalo de la UNGRD y otras indagaciones por presunto desvío de recursos, cohecho y tráfico de influencias.
El Caso UNGRD, que se constituyó entramado de mayor impacto fue destapado en febrero de 2024 tras la compra irregular de 40 carrotanques por 46.800 millones de pesos para La Guajira, que derivó en una red de presuntas coimas por más de 3.000 millones a congresistas y direccionamiento de contratos para asegurar apoyo legislativo.
Encarcelados o con medida de aseguramiento:
– Luis Fernando Velasco (exministro del Interior): Prisión preventiva ratificada por la Corte Suprema; acusado de cohecho, concierto para delinquir e interés indebido en contratos.
Se entregó a las autoridades en la ciudad de Cali el 19 de diciembre de 2025, un día después de que una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá ordenara su captura y medida de aseguramiento preventiva por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD.
– Olmedo López (exdirector UNGRD): Condenado a seis años de cárcel; aceptó cargos y colabora con la justicia. Se encuentra recluido en una guarnición militar desde el el 25 de junio de 2024, luego de que un juez le impusiera medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario.
Tras no ser aprobados sus preacuerdos iniciales, el exdirector formalizó su aceptación de responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.
– Sneyder Pinilla (exsubdirector UNGRD): Primer funcionario condenado en el caso; declaró contra otros implicados. Se entregó voluntariamente a las autoridades y quedó bajo custodia de la Fiscalía el 24 de junio de 2024, cuando se presentó en el búnker de la Fiscalía en Bogotá para formalizar su principio de oportunidad y colaborar con la justicia
Tras llegar a un preacuerdo, fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión. El exfuncionario se encuentra recluido en una guarnición militar en Bogotá.
– Sandra Ortiz (exconsejera presidencial): Prisión preventiva; señalada como intermediaria en la entrega de dineros a congresistas. Fue dejada en libertad el 11 de mayo de 2026 por vencimiento de términos, una decisión que fue ratificada posteriormente por un juez de segunda instancia. Continúa vinculada al proceso penal y se defiende en libertad.
– Iván Name (Expresidente del Senado): Fue capturado el 7 de mayo de 2025. La detención fue ejecutada por la Policía Nacional en su residencia ubicada en el norte de Bogotá, en cumplimiento de una orden emitida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
– Andrés Calle (Expresidente de la Cámara de Representantes): Fue capturado la noche del 7 de mayo de 2025. Su detención fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia Se entregó voluntariamente a las autoridades en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá y, posteriormente, fue trasladado a la cárcel La Picota.
– Wadith Manzur (Congresista): Fue capturado el 12 de marzo de 2026 luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su detención preventiva en centro carcelario.
– Karen Manrique (congresista): Fue capturada el 12 de marzo de 2026.Aunque se presentó voluntariamente ante las autoridades en Tame, Arauca, la noche del 11 de marzo, su captura se hizo efectiva formalmente al día siguiente luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia emitiera la orden de detención.
Posteriormente, el 19 de marzo, fue trasladada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá.
– Ricardo Bonilla (exministro de Hacienda): Fue capturado el 18 de diciembre de 2025 en el Tribunal Superior de Bogotá. La decisión fue ordenada por una magistrada durante una extensa audiencia relacionada con el escándalo de la UNGRD.
Posteriormente, en abril de 2026, un tribunal de segunda instancia revocó esta medida, ordenando que recuperara su libertad mientras continúa su proceso judicial.
Otros procesos destacados
– Nicolás Petro Burgos (hijo mayor del presidente): Capturado en marzo de 2023. Los escándalos de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, se centran en dos grandes casos de corrupción: uno por ingresos ilícitos para la campaña presidencial de 2022 y otro por el desvío de contratos públicos cuando era diputado del Atlántico.
En julio de 2023, su exesposa Day Vásquez reveló a SEMANA que Nicolás Petro recibió grandes sumas de dinero en efectivo de dudosa procedencia. Entre los aportantes señalados destacan Samuel Santander Lopesierra (conocido como el ‘Hombre Marlboro’) y Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario ‘Turco’ Hilsaca.
Según las acusaciones, parte de estos fondos oscuros, que ascendían a unos 500 millones de pesos, se utilizaron para su enriquecimiento personal y otra parte habría ingresado de forma irregular a la campaña presidencial de su padre. Tras su captura y posterior liberación, el hijo del mandatario se retractó de su confesión inicial.
Corrupción en el departamento del Atlántico («Caso Fucoso». En noviembre de 2025, la Fiscalía le imputó seis nuevos cargos a Petro Burgos por su gestión como diputado en la Asamblea del Atlántico. Los delitos incluyen interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documentos y falso testimonio.
La investigación indica que se habría apropiado ilegalmente de unos 111 millones de pesos a través del direccionamiento de contratos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social.
– Ricardo Roa (presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022): Investigado por tráfico de influencias en la compra del lujoso apartamento 901 del edificio Entre Parques en Bogotá. El caso señala un posible tráfico de influencias relacionado con un proyecto energético y un empresario con intereses particulares.
Así mismo, por la presunta violación de topes financieros en la campaña electoral de 2022. Las investigaciones han destapado movimientos millonarios de dinero a través de sus cuentas bancarias que excederían con creces los límites reportados oficialmente.
Roa se ha declarado inocente de ambos procesos y ha manifestado su intención de atender los llamados de la justicia colombiana.
– Carlos Ramón González (exdirector del DAPRE y DNI): Es considerado por la Fiscalía como el supuesto cerebro del escándalo de la UNGRD. Actualmente es prófugo de la justicia y reside en Nicaragua desde 2024 tras recibir asilo político, luego de ser acusado de ordenar el pago de sobornos a congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno de Gustavo Petro.
Es procesado por cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado, y lavado de activos, tras ordenar entregar miles de millones de pesos (financiados mediante contratos de carrotanques para La Guajira) a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, para beneficiar la agenda del Gobierno.
Su situación legal y paradero han generado gran controversia, especialmente luego de que se difundieran videos del exfuncionario participando en fiestas en territorio nicaragüense.
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