A solo cuatro días de la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo, la controversia por presunta participación indebida en política de servidores públicos se ha convertido en el eje central de la recta final de la campaña.
Son decenas de denuncias radicadas, investigaciones en curso que alcanzan al propio presidente, Gustavo Petro, ministros, gobernadores, alcaldes y funcionarios de todos los niveles, pese a las advertencias de las autoridades de control sobre el estricto cumplimiento de la norma.
La Procuraduría General de la Nación confirmó que actualmente tiene abiertos 89 procesos disciplinarios relacionados con intervenciones irregulares en el proceso electoral, tanto de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo como de la actual campaña presidencial.
Las actuaciones hacen parte de la estrategia institucional “Paz Electoral. La línea que no se cruza”, activada para vigilar que ningún funcionario use su cargo, recursos o influencia para favorecer o perjudicar candidaturas, tal como lo prohíben la Constitución, el Código Penal y la Ley 1475 de 2011.
El caso al más alto nivel: investigación contra el presidente Gustavo Petro
El foco principal está en la investigación abierta por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Petro, por presunta intervención en política, tras sus declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales.
En ellas, se han hecho llamados a votar y se ha referido a la contienda electoral en términos que sectores de oposición y organismos de control consideran proselitistas, especialmente en apoyo al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.
La actuación se adelanta con base en el artículo 422 del Código Penal, que tipifica la participación política indebida de funcionarios, y ha generado reacciones cruzadas: mientras la oposición pide que se abstenga de cualquier mensaje que pueda influir en el electorado, el Gobierno defiende que se trata de libertad de expresión y discusión de proyectos de país.
El propio mandatario, en un acto público el martes en Magdalena, sostuvo: “Votamos por la vida o votamos por la muerte… vida no es el nombre de un candidato y muerte tampoco, pero hay que pensarlo”, frases que han sido interpretadas como nuevos mensajes alineados con la campaña oficialista.
Funcionarios, gobernadores y alcaldes también bajo la lupa
Funcionarios, gobernadores y alcaldes también bajo la luNo es solo el presidente. La Procuraduría reveló que las denuncias cubren todo el territorio nacional y todos los poderes públicos: hay procesos contra ministros —entre ellos el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo—, gobernadores, alcaldes, concejales y directivos de entidades descentralizadas, acusados de realizar actividades prohibidas:
• Hacer o difundir propaganda electoral desde cuentas o espacios institucionales.
• Presionar a subalternos, contratistas o comunidades para apoyar determinada candidatura.
• Usar recursos públicos, vehículos, eventos o obras para promover campañas.
• Intervenir en debates o controversias políticas desde sus cargos.
“La norma es clara: el único derecho político que tiene un servidor público es votar. Todo lo demás —promover, presionar, financiar, usar bienes del Estado— está prohibido y tiene consecuencias que van desde multas e inhabilidad hasta pérdida del cargo y prisión”, recordó el procurador general Gregorio Eljach.
El jefe del Ministerio Público dijo que ese organismo ha desplegado más de 250 funcionarios en todo el país para verificar el cumplimiento de estas reglas hasta el cierre de las votaciones.
Denuncias ciudadanas y llamado a garantías
Sectores políticos, movimientos sociales, la Misión de Observación Electoral y candidatos de oposición, entre ellos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, también han radicado denuncias ante el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría y organismos internacionales, alertando sobre posibles ventajas indebidas y pidiendo garantías de igualdad de condiciones en la recta final.
Durante una reunión de seguimiento con las autoridades electorales, la Defensoría del Pueblo y veedurías insistieron en que los cuatro días restantes son críticos para mantener la neutralidad del Estado y que cualquier mensaje o acción que cruce la línea legal puede alterar la transparencia de la elección.
“Estamos a pocas horas de que el país decida su futuro. Las denuncias son serias y requieren respuesta rápida, pero lo más importante ahora es que la ciudadanía tenga la certeza de que las reglas se cumplen igual para todos”, señaló la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios.
Las autoridades reiteraron que, hasta el 31 de mayo y luego durante el escrutinio, seguirán recibiendo denuncias ciudadanas y actuando de oficio para sancionar cualquier conducta que vulnere la pureza del sufragio, recordando que las garantías electorales son obligación de todos, y que el voto libre y sin presiones es la base de la democracia.
*Vea aquí: ¿Multas ilegales? ¿Tengo que pagar los comparendos tras la investigación a las fotomultas?
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