La Fiscalía advirtió que se está desapareciendo importante información relacionada con el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD por lo que pidió medida privada de la libertad a exdirectivos y empresarios vinculados a este caso.
El ente acusador señaló que de acuerdo con la Contraloría General de la República se detectó la aparente pérdida de cinco cajas, de las 69 que hacen parte del hallazgo probatorio de los organismos de control en el marco de las investigaciones.
Indicó que esta pérdida se presenta debido a que la mayoría de los documentos en la UNGRD están en físico y no digitalizados.
“Por medio del cual se identificó, a través de medios abiertos de comunicación, que la Contraloría General de la República, advirtió sobre la aparente pérdida de cinco de las 69 cajas respecto. Hallazgo realizado el 9 de mayo del año en curso”, advirtió la fiscal del caso.
Añadió: “Señoría, permítame informarle que por la modalidad de contratación de la UNGRD no existe una digitalización de la documentación ni están subidas a las bases de datos que maneja el Estado”.
Medida de aseguramiento
Durante la audiencia, la fiscal Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, consideró que debido a esa situación y otros riesgos que afecten las investigaciones solicitó al Juez 35 con Función de Control Garantías de Bogotá la urgencia y necesidad de imponer una medida privativa de la libertad en centro de reclusión.
La solicitud afecta al exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez; al exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el contratista Luis Eduardo López Rosero.
“La solicitud no se basa en simples sospechas carentes de respaldo. Por el contrario, existen suficientes elementos de juicio que, sometidos al criterio de la razonabilidad, sirven al propósito de fundamentar la medida de aseguramiento solicitada” aseguró la fiscal del caso.
Dejó en claro que pese a que se pueda aplicar un principio de oportunidad o preacuerdo, es necesario que se dicte una medida privativa de la libertad.
“Ante el supuesto de no concederse el principio de oportunidad, o de no lograrse un preacuerdo, los procesados al verse compelidos a afrontar plenamente su responsabilidad en los delitos imputados y las elevadas penas que para los mismos se consagran, podrían intentar destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar la evidencia física o los elementos materiales probatorios”, enfatizó.
Igualmente, presentó elementos probatorios que respaldan la medida de aseguramiento, de acuerdo al rol y grado de participación en el entramado delincuencial, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
“En lo relativo al elemento subjetivo dolo de las conductas punibles endilgadas a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, se tiene que dichos ciudadanos conocían que estaban conectándose, a través de una clara división de roles y funciones para cometer delitos contra la administración pública”, señaló.
La fiscal del caso advirtió que los imputados estaban en la obligación de tener un comportamiento ejemplar al administrar recursos públicos.
“Los imputados tenían pleno conocimiento del comportamiento exigible a aquellos quienes manejan recursos públicos, contratación pública y a quienes el Estado les ha confiado la ejecución de obras, de suministros, de servicios, mucho más aquellos dirigidos a la protección de la población en condiciones de vulnerabilidad”, agregó.
De acuerdo con la investigación desarrollada en una primera fase, se creó una banda delincuencial que, se habría apoderado de los contratos de la UNGRD para ser direccionados a contratistas específicos que adquirían el compromiso de entregar a cambio millonarias coimas.
«Los judicializados López Martínez y Pinilla Álvarez, al parecer, direccionaron 21 órdenes de contratación por valor de 228.884 millones de pesos», advirtió la Fiscalía, que señaló que la contratación, presuntamente amañada, se ejecutó en tres grandes eventos.
El primero consta del acuerdo entre los exfuncionarios y el contratista López Rosero para recibir 6 contratos.
Uno de ellos firmado el 12 de octubre de 2023 para la compra de 40 carrotanques por valor de 46.800 millones de pesos, vehículos en los que se llevaría agua potable a las comunidades indígenas vulnerables en la Alta Guajira. Según la investigación, en este contrato se presentó una defraudación de 14.163 millones de pesos.
En un segundo evento se habrían entregado contratos a unos amigos de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, por 24.238 millones de pesos, suscritos entre el 5 y el 23 de febrero de 2024.
En un tercer evento se trasladaron 100 mil millones de pesos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a la UNGRD para ejecutar siete contratos.
Mientras continúa el avance de esta y otras líneas de investigación de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 35 con Función de Control Garantías de Bogotá adoptará la decisión que corresponda ante la solicitud de medida de aseguramiento.
La audiencia continuará el próximo sábado 31 de agosto en el Juzgado 35 con Función de Control Garantías de Bogotá.
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