Cerca del 85% de los eventos generadores de desastres en Colombia están asociados con factores climáticos, frente a un promedio global cercano al 49%., por lo que urge la protección de los derechos humanos y de los ecosistemas debe ser prioritaria frente el fenómeno de “El Súper Niño”.
Así lo señaló la Defensoría del Pueblo que consideró que esta cifra evidencia la alta vulnerabilidad del país ante fenómenos como el que se prevé que afrontará el país a finales de este año y refuerza la urgencia de actuar.
De acuerdo con las instituciones científicas del mundo anuncian que este evento climático se intensificará durante el segundo semestre del año debido al calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico y que se caracterizará por altas temperaturas y una reducción generalizada de las precipitaciones.
Aunque se trata de un evento natural recurrente, en esta ocasión su severidad será particularmente notable, de acuerdo con las predicciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
Esto se reflejará en un aumento crítico de los incendios forestales, intensas sequías, golpes de calor y escasez de agua, que afectarán particularmente a las regiones Pacífica, Andina y Caribe.
Es previsible que estos eventos generen impactos al derecho a la alimentación por falta de acceso a bienes; al derecho a la salud, debido a vectores epidémicos que rápida expansión; afectaciones en el acceso a la energía eléctrica y afectaciones a infraestructura y transporte que pueden afectar el derecho al trabajo, a los medios de vida, a la movilidad y la circulación.
Esas condiciones adversas puede derivar en desplazamiento forzado o permanencia involuntaria en zonas sin acceso a bienes y servicios básicos, con potencialidad de generar impactos fuertes y específicos en poblaciones que enfrentan mayores vulnerabilidades, como niñez, personas con discapacidad o personas en situación de marginalidad socioeconómica, entre otras.
En este escenario podrían agravarse problemáticas estructurales del país, como el riesgo de una crisis energética derivada de la disminución de los niveles de los embalses. Además, se podrían afectar sectores como la agricultura y la ganadería, lo que comprometería la seguridad alimentaria y generaría presiones adicionales sobre la salud pública, especialmente en contextos de altas temperaturas y escasez de agua.
Recomendaciones
Ante los desafíos que plantea el fenómeno de “El Súper Niño”, la Defensoría del Pueblo recomendó:
• Al Gobierno nacional, como cabeza del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en coordinación con las entidades territoriales, identificar las zonas de mayor riesgo, adoptar los planes de contingencia con todas las medidas necesarias, y disponer de los recursos necesarios para proteger de manera prioritaria a la población, particularmente, los derechos humanos cuya afectación es previsible, dando especial atención a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad frente a la emergencia.
Para tal fin, se deben combinar medidas de prevención con las de atención humanitaria para garantizar los derechos de las personas y comunidades que se verán afectadas en sus derechos básicos.
• A los gobiernos locales, teniendo en cuenta las temporadas secas previstas para los próximos meses, implementar desde ahora medidas preventivas de cara a una próxima temporada de lluvias, entre ellas la limpieza de los sistemas de alcantarillado en las zonas urbanas y la ejecución de obras para mitigar los riesgos de inundaciones y movimientos en masa.
• A los gobiernos locales y ciudadanía, promover el mantenimiento de las estructuras metálicas y de concreto, especialmente en las zonas costeras; la adecuada fijación de techos y cubiertas en áreas susceptibles a vientos fuertes y huracanes, y la recolección de la basura que pueda permanecer en las vías, con el fin de prevenir la obstrucción de los sistemas de drenaje.
La Defensoría señaló: “Continuaremos implementando estrategias de seguimiento a la gestión del riesgo adaptadas a los territorios y acompañando a las comunidades para proteger sus derechos”.
“Asimismo, avanzaremos en el fortalecimiento regional mediante un programa pedagógico para que las comunidades conozcan sus derechos, deberes y responsabilidades en contextos de riesgos de desastre, puntualizó.
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