La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la detención del expresidente Evo Morales por la presunta comisión de seis delitos, incluidos terrorismo y alzamiento armado, en el marco de los bloqueos establecidos por todo el país durante más de 50 días, en protesta por la gestión del Gobierno de Rodrigo Paz.
Así establece un escrito del fiscal anticorrupción Brayan Melgar, tras la denuncia presentada a principios de julio por la organización civil conservadora Comité Cívico Pro Santa Cruz, del homónimo departamento boliviano, a la que se ha sumado el Ministerio de Gobierno.
En particular, los delitos por los que se investiga al exmandatario son «alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos».
La demanda del Comité Cívico Pro Santa Cruz incluye al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva, de acuerdo al diario boliviano ‘El Deber’.
De acuerdo a un informe presentado a principios de julio por la Defensoría del Pueblo, el «costo» humano de esos bloqueos fueron 22 muertos y 88 heridos, si bien matizó que «se han manejado muchas cifras», recordando que es la Fiscalía quien debe brindar esta información e iniciar los procesos penales «que correspondan».

Orden de captura a exministro Mauricio Medinaceli por la gasolina adulterada
De otra parte, la Fiscalía de Bolivia ordenó la detención del exministro de Hidrocarburos y Energías Mauricio Medinaceli, destituido del cargo el pasado abril, por las presuntas irregularidades cometidas en la importación y comercialización de gasolina que estaría adulterada, en el caso conocido como gasolina «basura».
El magistrado David Torrez, de la Fiscalía Anticorrupción, determinó el arresto de Medinaceli en un escrito en el que señala que existen «suficientes indicios de su participación» en la comisión de los delitos de «incumplimiento de deberes y conducta antieconómica».
La decisión llega después de que un informe de la comisión especial de la Cámara de Diputados de Bolivia apuntara al exministro, entre otros cargos, como presuntos responsables en la distribución del combustible dañado.

En particular, indica que durante la gestión de Medinaceli al frente del Miniterio de Hidrocarburos y Energías se autorizó la comercialización de gasolina que permanecía inmovilizada por orden de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) alegando observaciones en su calidad.
Por este caso, más de 70.000 vehículos se han viso afectados hasta el mes de junio, según Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), recoge la cadena de televisión boliviana UNITEL.
El Gobierno de Bolivia suspendió a principios de abril los contratos de suministro de gasolina firmados con las comercializadoras de materias primas Vitol y Trafigura por supuestos problemas de calidad del combustible, y tras una huelga de conductores de transporte público en La Paz y El Alto por los daños causados en los vehículos por la gasolina adulterada.
A mediados de ese mismo mes, el presidente Rodrigo Paz cesó a Medinaceli de sus funciones, apenas horas después de la renuncia al cargo de la entonces presidenta de YPFB, Claudia Cronenbold.
*Con información de Europa Press
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