La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de la senadora del Pacto Histórico Martha Isabel Peralta Epieyú, dentro de la investigación que se adelanta por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los escándalos de corrupción más grandes de los últimos años en el país.
La medida de aseguramiento contra una de las figuras más visibles de la coalición de gobierno, fue ordenada por la Sala de Instrucción del alto tribunal, tras concluir que existen indicios graves y suficientes de su presunta responsabilidad en delitos de cohecho, tráfico de influencias y celebración indebida de contratos, hechos que habrían ocurrido entre 2023 y principios de 2024, cuando la entidad fue utilizada como mecanismo de pago político y clientelista.
Según el expediente judicial, la congresista habría actuado como intermediaria clave entre la dirección de la UNGRD, en cabeza, en ese entonces, de Olmedo López y Sneyder Pinilla, ya condenados y quienes han venido colaborando con la justicia— y contratistas y líderes políticos de La Guajira.
Las investigaciones han podido determinar que Peralta Epieyú, ayudó en el direccionamiento de contratos por más de 12.300 millones de pesos a cambio de apoyo político y respaldo a las reformas del Gobierno Nacional en el Congreso.
Las indagaciones establecieron que la congresista negoció y gestionó recursos destinados a supuestas obras de mitigación de riesgos, atención de emergencias y compra de maquinaria, que en realidad se usaron para financiar movilizaciones, campañas y favores políticos, sin que se ejecutaran los proyectos o se hicieran de manera irregular.
“Está demostrado que usó su investidura para presionar, gestionar y obtener beneficios económicos para terceros y para su propia organización política, rompiendo todos los principios de transparencia y función pública”, según la decisión.
La congresista ha negado sistemáticamente los cargos: “Todo lo que hice fue gestionar recursos para mi región, que es una de las más olvidadas. Nunca recibí nada a cambio ni participé en negociaciones ilícitas. Esto es persecución política”, dijo en mayo pasado tras ser llamada a indagatoria.
Sobre el proceso de detención se conocieron varias versiones como la conducción por parte de la Policía, tras la orden emitida por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana. Incluso se indicó que la senadora fue localizada en su residencia en Bogotá y trasladada a una instalación especial de la Fiscalía.
Otra información señala que la propia congresista del Pacto Histórico se hizo presente en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo señalaron funcionarios de su Unidad de Trabajo Legislativo, UTL.
La orden de detención se conoció apenas dos días antes de la segunda vuelta presidencial, en medio de la mayor tensión política del año, lo que ha generado reacciones inmediatas de todos los sectores.
Para la justicia, la medida responde a la gravedad de los hechos y al riesgo de fuga o alteración de pruebas. Además, Peralta es una de las últimas figuras políticas de alto nivel que quedaba sin medida de aseguramiento dentro del entramado de corrupción que ya ha llevado a la cárcel a exdirectivos de la entidad, exministros y otros congresistas como Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso.
Reacciones políticas y el impacto electoral
La noticia cayó como una bomba en plena recta final electoral. Desde la campaña de Iván Cepeda, aliado natural de la bancada de gobierno, manifestaron respeto por la decisión judicial pero pidieron que se respete la presunción de inocencia: “Es un proceso que debe seguir su curso, no podemos prejuzgar, pero confiamos en que la justicia actúe con imparcialidad”.
Por su parte, la oposición y el candidato Abelardo de la Espriella aprovecharon el hecho para criticar duramente: “Esto confirma que la corrupción no es un caso aislado, sino una práctica instalada en el corazón del poder. Lo que está en juego el domingo es cambiar este modelo que ha convertido lo público en botín político”.
Organizaciones ciudadanas y veedurías celebraron la medida: “Es una señal de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes tienen curul en el Congreso. Pero también es triste ver cómo se ha desgastado la política y la confianza en las instituciones”.
¿Qué sigue ahora?
Peralta deberá rendir indagatoria este viernes ante la Corte Suprema que deberá decidir si mantiene la medida. De ser hallada culpable, podría enfrentar hasta 14 años de prisión, además de la pérdida definitiva de su investidura y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Este caso se suma a la larga lista de escándalos que han marcado este periodo legislativo y que han puesto en entredicho la relación entre el Gobierno, el Congreso y el manejo de los recursos del Estado.
*Colombia decide su futuro: Este domingo la cita es con la democracia.
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