La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz de Colombia, Gloria Cuartas, presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el presidente electo, Abelardo de la Espriella.
De acuerdo con la funcionaria del Gobierno Petro, habría incurrido en presuntas conductas de «hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir» derivadas de declaraciones públicas dirigidas contra el exlíder de las FARC Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y las personas firmantes del acuerdo de paz en 2016.
Así se refirió a las palabras de De la Espriella, que ha asegurado que Londoño es un «criminal de guerra que debería estar en la cárcel de por vida y que trabajaría para ello», según se desprende de la denuncia publicada por la Fiscalía colombiana.
El documento indica que estas expresiones podrían constituir «conductas susceptibles de una investigación penal, en la medida que excederían el ámbito de la libertad de expresión.
Estas podrían convertirse en mensajes que podrían incentivar la estigmatización, la hostilidad o la violencia contra una persona y contra un colectivo protegido por el Estado colombiano como lo son los y las firmantes del acuerdo de paz y sus familias».
Dentro de los argumentos presentados por Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, estos señalamientos por parte de Abelardo de la Espriella son «graves» porque «provienen de quien está llamado a ejercer la presidente a partir del 7 de agosto de 2026».
«Esto puede ser entendido como una presión institucional sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, afectar la confianza pública en sus decisiones y comprometer el deber de respeto y colaboración armónica que los demás poderes públicos deben observar frente a la independencia judicial prevista en la Constitución», lamentó.
El documento ante la Fiscalía señala que las afirmaciones de Abelardo de la Espriella ahondan «la estigmatización de quienes dejaron las armas y le aportaron por la paz y debilitan la implementación de este acuerdo».
La denuncia sostiene que este tipo de expresiones, emitidas en un contexto de persistente violencia contra la población firmante de paz, pueden incrementar los riesgos para su vida e integridad y afectar las garantías de seguridad y no repetición que están previstas en el acuerdo de 2016, firmado entre las entonces FARC y el Estado colombiano.
Esta semana, el presidente electo anunció la eliminación de varias consejerías y agencias de la Presidencia para evitar la «duplicidad de funciones y el despilfarro» y ha puesto fin a la figura del comisionado de paz, que pasará ahora a llamarse comisionado de seguridad.
Además, cuestionó la JEP, precisamente por el permiso que le otorgó a finales de junio a Londoño para que viajara a España a pesar de que solo días antes había ratificado la sentencia en su contra como antiguo líder de la guerrilla.
*Vea aquí: Colombia entre la desobediencia civil, un golpe de Estado y el empalme fallido, ¿en riesgo la estabilidad institucional?
*Con información de Europa Press
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