Hay una realidad que Colombia no puede seguir esquivando: mientras el Estado debate presupuestos, estrategias y decisiones políticas, las organizaciones guerrilleras y las estructuras de delincuencia organizada han evolucionado en su capacidad de hacer la guerra.
Ya no hablamos únicamente de hombres armados en las montañas. Hablamos de organizaciones que incorporan drones, explosivos, sistemas de comunicación y mecanismos de vigilancia que amplían su capacidad de intimidación y control territorial. El problema es que la amenaza cambia de dimensión y el Estado no siempre parece avanzar a la misma velocidad.
Pero aquí también cabe una pregunta política: ¿qué esperaban quienes votaron por Abelardo de la Espriella? ¿Que las guerrillas, las disidencias y las organizaciones criminales recibieran sus anuncios de mano firme con los brazos cruzados? Era previsible que una política de confrontación directa, acompañada de declaraciones contundentes sobre perseguir y derrotar a estas estructuras, generara reacciones.
No se trata de justificar sus acciones, mucho menos de responsabilizar al Gobierno por los atentados, sino de entender que organizaciones con capacidad armada, financiera y territorial no renuncian fácilmente a sus intereses. Pueden responder atacando a la Fuerza Pública, presionando a las comunidades y recrudeciendo la violencia en las regiones donde ejercen influencia. Esa posibilidad debió estar contemplada desde el primer día.
Y es precisamente allí donde se pone a prueba una política de seguridad. No basta con anunciar operaciones, advertir que se utilizará toda la capacidad del Estado o prometer que no habrá refugio para los criminales. El Ejército Nacional y la Policía necesitan herramientas para enfrentar una amenaza que también se ha modernizado.
Se requieren equipos de alta tecnología, sistemas de vigilancia, defensa antidrones, movilidad, comunicaciones seguras, inteligencia estratégica y grupos élite con capacidad de reacción. No se trata de militarizar el país, sino de evitar que la superioridad tecnológica y operativa termine en manos de quienes desafían al Estado.
Sin embargo, hay una discusión que no puede quedar relegada: ¿cómo equilibrar la ofensiva militar con la obligación de proteger a la ciudadanía? Porque comprar aeronaves, vehículos blindados y armamento especializado puede ser necesario, pero ninguna inversión tendrá sentido si los campesinos, los comerciantes, los líderes sociales y las familias de las zonas rurales siguen expuestos a las retaliaciones.
La inteligencia debe servir para anticipar atentados, identificar redes de financiación, desarticular estructuras criminales y prevenir que las comunidades queden atrapadas entre dos fuegos. La seguridad no empieza cuando llegan los soldados después de una tragedia, sino cuando el Estado logra impedir que ocurra.
Tampoco podemos desconocer que los grupos ilegales no compiten bajo las mismas reglas. Mientras los integrantes de la Fuerza Pública están sujetos a la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario, estas organizaciones recurren al secuestro, la extorsión, el reclutamiento y el terrorismo como instrumentos de control. Esa asimetría exige una respuesta institucional mucho más sofisticada.
Pero también obliga al Gobierno a comprender que una estrategia de confrontación necesita planeación, coordinación entre organismos, recursos suficientes y una presencia estatal que no se limite a los operativos militares. Ganar terreno en el campo de batalla y perder la tranquilidad de las comunidades sería una contradicción difícil de justificar.
Al final, la discusión no debería reducirse a cuántas armas comprar, cuántos comandos crear o cuántas advertencias lanzar desde la Casa de Nariño. La pregunta es si Colombia tiene la capacidad de anticiparse a las reacciones de sus enemigos y evitar que los ciudadanos se conviertan en las principales víctimas de esa confrontación.
Quienes respaldaron una política de seguridad más contundente tienen derecho a exigir resultados, pero esos resultados no pueden medirse exclusivamente en capturas, bajas o declaraciones presidenciales. La autoridad se demuestra recuperando territorios, protegiendo vidas y devolviendo la tranquilidad.
Porque una cosa es anunciar la guerra contra el crimen y otra muy distinta es estar preparados para enfrentarla. La mano firme no puede ser solamente un discurso: tiene que estar acompañada de inteligencia, tecnología, estrategia y, sobre todo, protección para los colombianos.
Por: Ana Yenny Rodríguez Cabarcas. Comunicadora social y periodista- Especializada en alta gerencia de la defensa nacional. (@Anayennyr en X)
*Vea aquí: Controversia: ¿Debe Abelardo De la Espriella liderar operativos contra el crimen en Colombia? Invitado: Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá.
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