El Ministerio de Transporte expidió una Resolución que establece nuevos requisitos para la imposición de comparendos de tránsito por exceso de velocidad.
De acuerdo con la norma “estos estos vehículos no pueden imponer comparendos sin un agente de tránsito que esté presente en el lugar, que sea visible, que además se identifique, y que opere el dispositivo y expida el comparendo en el lugar de la infracción”.
Incluso, la Ministra Elsa Noguera agregó que los vehículos que, hasta el momento, han venido imponiendo las llamadas fotomultas, deben tener autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, máxima autoridad de control de tránsito en el país.
“Si una cámara funciona sin agente, deberá tener autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y cumplir todos los requisitos de una cámara de fotodetección, incluida la señalización visible”, aseguró.
El propósito de esta medida, añadió la jefa de cartera, es controlar el exceso de fotomultas que, originalmente, fueron concebidas como una medida para salvar vidas, no como un mecanismo de recaudo para las alcaldías.
“Estos carros (cazafotomultas) se escondían para detectar infracciones, pero no ayudaban a que los conductores redujeran la velocidad. Eso no salva vidas: solo busca recaudar”, reiteró.
La Ministra Noguera señaló que ahora el tema pasará a conocimiento de la Superintendencia de Transporte, entidad encargada de vigilar que las autoridades de tránsito cumplan estas reglas “y no sigan promoviendo la proliferación de estos carros”.
Funcionamiento de las fotomultas en todo el país
Precisamente, a finales de agosto el Ministerio de Transporte, en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Transporte y demás autoridades competentes, iniciaron una revisión integral del funcionamiento de los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de presuntas infracciones que operan en el territorio nacional.
La decisión responde a la instrucción del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de actuar con contundencia frente a posibles irregularidades, abusos o sistemas cuya instalación u operación no se encuentre debidamente sustentada en criterios técnicos de seguridad vial.
“La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo a costa de los ciudadanos. Revisaremos a fondo su funcionamiento en todo el país y, donde encontremos abusos o irregularidades o incumplimientos, actuaremos con la contundencia que corresponde”, afirmó en ese momento la ministra de Transporte, Elsa Noguera.
Dentro de las competencias de cada entidad verificarán que los sistemas estén autorizados y cuenten con sustento técnico y legal, considerando la siniestralidad, los límites de velocidad, la señalización y las condiciones de cada corredor.
Además, el Ministerio anunció que revisará la regulación para establecer criterios más exigentes y garantizar que las nuevas cámaras respondan a necesidades reales y técnicamente demostradas de seguridad vial.
El Gobierno priorizará soluciones integrales de ingeniería, señalización, pedagogía y control para reducir riesgos y proteger la vida en las vías.
“La seguridad vial no se resuelve únicamente instalando cámaras. Las decisiones deben responder a las condiciones reales de cada corredor y estar sustentadas técnicamente. La protección de la vida estará siempre por encima de cualquier interés económico”, concluyó la ministra.
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