Aunque la libertad económica es el derecho fundamental de las personas para decidir cómo trabajar, producir, consumir, gastar e invertir su dinero sin una intervención excesiva del Estado, existen limitaciones por lo que especialistas consideran necesario cerrar la brecha entre las reglas y las oportunidades de negocio.
En América Latina, tener una idea de negocio no solo significa poder ponerla en marcha, debido ,precisamente, a unas limitaciones que desestimulan la creación de empresa y por ende, empleo y producción.
Una pequeña empresa puede querer exportar y encontrarse con procesos que toman demasiado tiempo; un vendedor puede contar con autorización para trabajar en el espacio público sin encontrar una ruta para mejorar sus ingresos; y una empresa con capacidad para producir puede tener que esperar meses para obtener una licencia.
Son situaciones distintas, pero revelan un mismo desafío: entre lo que dicen las reglas y lo que realmente pueden hacer las personas y las empresas todavía existe una brecha importante.
Este fue uno de los principales hallazgos del “LATAM Sin Barreras: Foro regional sobre libertades económicas”, que se realizó en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el liderazgo de CIPE (Centro Internacional para la Empresa Privada) en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá y el Comité Colombiano de la Cámara de Comercio Internacional (ICC Colombia).
“La libertad económica se debe basar en fundamentos institucionales sólidos como seguridad y justicia, entorno empresarial y capital humano para impulsar el desarrollo y la resiliencia de las naciones”, destacó el director del Grupo de Política Económica del Banco Mundial, Norman Loayza.
Añadió: “Tenemos un gran ejemplo que es el crecimiento económico de Singapur y Corea del Sur, cuyo ingreso per cápita promedio se encontraba al mismo nivel e incluso por debajo de los observados en Latinoamérica a mediados del siglo pasado y hoy alcanza son considerados países de ingreso alto y son referentes de desarrollo económico”.
¿Qué tan fácil es trabajar, emprender, producir, invertir y crecer dentro de las reglas existentes?
Es fue la pregunta que surgió tras los resultados de las investigaciones de los principales centros de pensamiento de Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador y Guatemala.
Los estudios muestran que reconocer un derecho, crear un procedimiento o establecer una política no es suficiente. Para que una oportunidad sea real, las reglas deben poder entenderse, cumplirse y aplicarse de manera previsible.
– Colombia: Un estudio de CEMR Colombia (Centro de Estudios Manuel Ramírez) encontró que más de 23.400 vendedores informales fueron registrados o caracterizados en Bogotá entre 2001 y 2024, pero apenas el 1 % había sido vinculado a programas de inclusión productiva. El dato muestra que regular el uso del espacio público no necesariamente significa crear una ruta para mejorar ingresos, acceder a mercados o avanzar hacia la formalización.
– Bolivia: La investigación de Fundación Milenio encontró una relación entre informalidad, baja productividad y limitaciones para el crecimiento de los negocios. Desde esta perspectiva, formalizar no debería reducirse al cumplimiento de obligaciones, sino traducirse en posibilidades concretas de acceder a financiamiento, mercados, inversión y expansión.
– El Salvador: El comercio de bienes y servicios pasó de representar el 49,6 % del PIB en 1990 al 88,2 % en 2025. Sin embargo, solo el 6,2 % de las empresas formales exportó bienes en 2022. Las pequeñas empresas representaron el 86 % de las firmas exportadoras, pero apenas concentraron el 4 % del valor exportado. La investigación de FUSADES señala así una tarea pendiente: reducir los costos y facilitar que más empresas, especialmente las pequeñas, puedan integrarse al comercio internacional.
– Guatemala: El estudio de CIEN encontró que en 2025 la obtención de una licencia sanitaria podría tomar entre cinco y ocho meses, pese a que el plazo oficial estaba establecido entre 15 y 20 días hábiles. Cuando esta diferencia se vuelve habitual, un procedimiento diseñado para ordenar una actividad puede terminar convirtiéndose en un obstáculo para ella.
– Argentina: La investigación de CIPPEC identificó 150 tributos, de los cuales 82 corresponden al ámbito municipal. El problema, señala el estudio, no está únicamente en cuántas obligaciones existen, sino también en cómo están diseñadas: aplicar requisitos similares a actividades de distinto tamaño de empresa o niveles de riesgo puede generar costos desproporcionados para quienes tienen menor capacidad.
Una agenda regional para que las reglas funcionen
Ante ese panorama, “LATAM Sin Barreras”, busca consolidar una red de expertos, asociaciones de empresarios y centros de pensamiento de América Latina que contribuya a construir una agenda regional orientada al desarrollo de acciones concretas como:
● Escuchar mejor a quienes desarrollan actividades económicas y viven diariamente los efectos de las normas, antes de diseñar o modificar regulaciones.
● Fortalecer las capacidades técnicas de las instituciones territoriales, especialmente donde existen mayores brechas.
● Simplificar los procedimientos antes de digitalizarlos. Es necesario revisar y simplificar los procedimientos y después avanzar en su digitalización e interoperabilidad.
● Hacer visibles y previsibles los requisitos, costos, responsables y tiempos de cada trámite.
● Evaluar el impacto de las nuevas regulaciones antes y después de su implementación.
● Promover espacios permanentes de diálogo entre instituciones, empresas y actores económicos.
● Mejorar la coordinación entre entidades y territorios para evitar procesos fragmentados o contradictorios.
El reto
A manera de conclusión los expertos consideran que el reto no es eliminar las reglas, sino hacer que cumplan su propósito sin convertirse en barreras innecesarias para la actividad económica.
En la práctica, la libertad económica también se define en espacios cotidianos: en una alcaldía, una aduana, una entidad sanitaria, un puerto o una ventanilla empresarial. Allí es donde una norma puede convertirse en una oportunidad o en un obstáculo.
Cerrar esa distancia entre las reglas y las oportunidades es, en última instancia, una tarea institucional: diseñar mejor, escuchar más, simplificar y lograr que las decisiones públicas puedan aplicarse de manera clara y previsible.
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*Con información de Europa Press
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