Los trabajadores informales en Colombia representan el 54,6 % de la población ocupada, más de 123 millones de personas, según las cifras del [Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.
Estos trabajadores no tienen protección porque carecen de contrato de trabajo seguro, prestaciones sociales, salud o pensión y laboran en actividades de bajo valor agregado, comercio móvil o cuenta propia.
Los centros poblados y áreas rurales alcanzan el 83,2 % de informalidad, debido entre otras razones a los altos costos de formalización y los requisitos de las microempresas impulsan esta situación.
En el caso de Bogotá, la ciudad tiene 1.428.000 trabajadores informales, frente a 4.283.000 ocupados, lo que representa una tasa de informalidad laboral de 33,3 %, según la última medición del DANE correspondiente al trimestre abril-junio de 2026.
En paralelo, la ciudad concentra 432.275 empresas activas, de las cuales el 92,8 % son microempresas, de acuerdo con cifras de cierre de 2025.
Estas cifras ponen sobre la mesa una pregunta que trasciende las fronteras de Colombia: ¿hasta qué punto los costos, trámites, regulaciones e instituciones están convirtiéndose en barreras para que ciudadanos y empresas puedan formalizarse, crecer e integrarse plenamente a la economía?
Este será uno de los ejes centrales de un evento que se realizará en la Cámara de Comercio de Bogotá sede Chapinero durante “LATAM Sin Barreras: Foro regional sobre libertades económicas”, encuentro liderado por el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE).
“Cuando las personas pueden decidir cómo trabajar, producir, invertir y competir con el menor número de obstáculos innecesarios, se crean las condiciones para que los habitantes de un país puedan prosperar”, destacó el gerente de Programas para América Latina y el Caribe de CIPE, Morgan King.
Añadió: “Por ello, contar con libertades económicas es clave, y desde CIPE impulsamos este importante proyecto a nivel latinoamericano, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada país involucrado”.
El encuentro presentará los resultados de cinco investigaciones realizadas por destacados centros de pensamiento de Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador y Guatemala, que examinan qué frena y qué impulsa el desarrollo económico en América Latina.
Los análisis abordan asuntos como la regulación, el licenciamiento sanitario, la facilitación del comercio, el uso y aprovechamiento económico del espacio público, el empleo informal y otras condiciones que determinan la posibilidad real de ejercer las libertades económicas.
En Colombia, el estudio del Centro de Estudios Manuel Ramírez sobre la regulación del espacio público en Bogotá encontró que, de los más de 23.400 vendedores informales registrados y caracterizados entre 2001 y 2024, apenas el 1 % fue objeto de inclusión productiva.
Aunque la Política Distrital de Vendedoras y Vendedores Informales alcanzó un avance del 45,05 % a 2025, por encima del 41,77 % esperado, persisten rezagos en fortalecimiento institucional y participación ciudadana, con una brecha negativa de 5,5 %.
Los resultados evidencian que regular el espacio público no necesariamente se traduce en oportunidades efectivas de formalización e inclusión económica, y plantean la necesidad de complementar las medidas regulatorias con mecanismos que permitan a quienes dependen de actividades informales acceder a oportunidades de generación de ingresos, mercados y crecimiento.
Entre tanto, la investigadora y miembro fundadora de CEMR Manuela Mejía Pérez, dijo que la inclusión productiva no puede limitarse a sacar a los vendedores informales de las calles.
Por eso, consideró que el reto es generar oportunidades reales para que puedan aumentar sus ingresos, fortalecer sus negocios y acceder a mercados formales. Ahí está la clave para que la política pública se traduzca en mayor libertad y movilidad económica.
La situación en otros países
Bolivia: Se identificó un círculo entre baja libertad económica, informalidad, baja productividad y limitado crecimiento empresarial. El estudio plantea que la formalización debe traducirse en beneficios concretos, como mayor acceso a financiamiento, mercados y oportunidades de expansión, según la Fundación Milenio
Argentina: Se aplican 150 tributos, 82 de ellos municipales. La falta de regulación proporcional al tamaño y riesgo de las actividades puede afectar especialmente a los pequeños negocios, según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)
Guatemala: Un trámite de licencia sanitaria llegó a tardar entre cinco y ocho meses durante 2025, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN.
El Salvador: Solo el 6,2 % de las empresas formales exportaron bienes en 2022, pese al alto grado de apertura comercial del país, de acuerdo con la Asociación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social – FUSADES.
Los cinco casos muestran una brecha regional entre tener derechos reconocidos y poder ejercerlos en la práctica. Entre los factores comunes aparecen la informalidad, la complejidad regulatoria, las limitaciones institucionales y las dificultades para convertir la digitalización de los trámites en procesos realmente más simples.
Los estudios coinciden en que la solución no pasa únicamente por reducir regulaciones, sino por construir instituciones capaces de aplicar reglas proporcionales, predecibles y transparentes; facilitar el acceso a mercados y financiamiento; aprovechar la digitalización y fortalecer la seguridad jurídica, de manera que la formalidad se convierta en una oportunidad real de crecimiento.
Con este diagnóstico, LATAM Sin Barreras busca llevar la discusión del diagnóstico a las soluciones y compartir experiencias que contribuyan a construir una América Latina con menos obstáculos y más oportunidades para emprender, invertir, trabajar y hacer crecer las empresas.
El foro de este jueves se desarrolla en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y el Comité Colombiano de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con la participación especial del Dr. Norman Loayza, director de indicadores globales del Banco Mundial.
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