El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, puso en marcha una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito de todo el país.
El motivo: presuntas irregularidades graves en la operación de los sistemas automáticos de detección de infracciones, conocidos popularmente como fotomultas.
Las actuaciones de control evidenciaron que estos sistemas no estarían cumpliendo con los requisitos técnicos obligatorios que exige la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte.
El principal problema detectado: la falta del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, un requisito indispensable que garantiza que las multas sean confiables, exactas y legales. Sin este documento, cualquier sanción carece de validez jurídica.
Tras la revisión técnica, la Superintendencia clasificó las fallas en tres grupos alarmantes:
– 12 organismos empezaron a usar las cámaras sin tener el concepto técnico requerido.
– 7 organismos operaron con documentos expedidos a terceros, es decir, con certificaciones que no les pertenecían.
– 18 organismos obtuvieron el aval técnico después de haber instalado y puesto a funcionar el sistema, cobrando multas mientras eran ilegales.
La lista de investigados incluye ciudades capitales y municipios importantes como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros.
Multas, recaudo y consecuencias
Las cifras son escalofriantes y explican la magnitud del problema. Según la investigación, estos organismos impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante estas cámaras en condiciones irregulares.
De ese total, más de 1 millón 582 mil multas ya fueron pagadas por los ciudadanos, sumando un recaudo que supera los 1,05 BILLONES de pesos.
Ante esta evidencia, las consecuencias son históricas: las autoridades investigadas podrán ser obligadas a devolver todo ese dinero a los usuarios, además de recibir sanciones que pueden llegar al doble de lo recaudado, es decir, multas que superarían los 2,1 BILLONES de pesos, tal como lo establece la ley.
Los casos más críticos
– Cali: 2,7 millones de comparendos irregulares.
– Medellín: Más de 717 mil comparendos.
– Bogotá: Cerca de 294 mil comparendos.
– Barranquilla: Más de 131 mil comparendos.
Pero hay una buena noticia: los 5 millones 832 mil comparendos que aún no han sido pagados quedan Sin validez y deben ser anulados automáticamente, beneficiando a más de 1,4 millones de conductores.
La Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, fue contundente al respecto: «Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley”, dijo.
Añadió: “Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”.
Por su parte, el Superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, aclaró que el objetivo no es acabar con la seguridad vial, sino garantizar la legalidad y buscan “recuperar la confianza ciudadana y garantizar el respeto al debido proceso”.
“No estamos actuando contra la seguridad vial. Estamos actuando contra posibles irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana. Ninguna cámara de fotodetección puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley”, afirmó el superintendente.
El Gobierno reiteró que continuará fiscalizando para asegurar que las fotomultas sean herramientas de control, no de abuso.
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