La Unidad Nacional de Protección anunció el retiro de los esquemas de seguridad de Juliana Guerrero, Beto Coral y Gabriela Muñoz, luego de revisar las condiciones de riesgo de cada uno y determinar que no existían motivos suficientes para mantener estas medidas otorgadas por el gobierno del expresidente, Gustavo Petro.
De acuerdo con fuentes oficiales, los esquemas de seguridad de cada una de estas personas representaban un costo cercano a 40 millones mensuales.
La decisión de la UNP puede ser objeto de apelación por parte de Guerrero, Coral y Muñoz a quienes les fue asignada esas medidas de protección por parte del exdirector de esa entidad, Augusto Rodríguez. En consecuencia, tienen un plazo de 10 días para para presentar un recurso de revisión.
Los afectados con el retiro del esquema de seguridad
– Juliana Guerrero: Actualmente enfrenta una imputación de cargos por parte de la Fiscalía, que la acusa de presuntamente presentar títulos falsos de la Universidad San José, en su hoja de vida para posesionarse como viceministra de las juventudes.
Así mismo, enfrenta otras denuncias por, aparentemente, obtener beneficios económicos junto con su hermana Verónica por el trámite de contratos en entidades del Estado en la anterior administración, como reveló la revista SEMANA
– Beto Coral: Activista de Izquierda deportado desde Estados Unidos y su caso ha sido presentado por el gobierno Trump como un supuesto abuso de la normativa de asilo de ese país.
– Gabriela Muñoz: Cercana al expresidente Gustavo Petro y señalada por presuntas influencias en Aerocivil y a quien se le había asignado un esquema de protección antes de finalizar el gobierno anterior.
La decisión habría sido adoptada bajo el argumento de que pertenecía a un grupo político, aunque ella había denunciado que recibió amenazas desde hace varios meses y que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía, que según dijo había solicitado medidas de protección debido al riesgo que enfrentaba.
Sin embargo, aunque Muñoz sí presentó denuncias por amenazas, desde la Fiscalía aclararon que no había solicitado directamente que se le asignara un esquema de seguridad, sino pidió que se evaluara su nivel de riesgo, de acuerdo con EL TIEMPO.
Una revisión posterior de la UNP, determinó que las condiciones existentes no justificaban la continuidad de la protección.
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