El presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión del Congreso de Perú de destituir a la presidenta de ese país, Dina Boluarte, por «incapacidad moral permanente» para abordar la inseguridad en el país.
“La traición se la pagaron con traición”, señaló el mandatario en una publicación en la red social X, al comentar la decisión adoptada por 123 votos a favor del total de 130 curules, los diputados.
Los diputados peruanos pusieron fin al Gobierno de Boluarte, menos de tres años después del comienzo de su mandato y ante una crisis de inseguridad que tuvo como último episodio un tiroteo durante un concierto en el sur de Lima.
“Queda un presidente elegido popularmente preso y sin ser condenado. Es la ruptura de la Convención Americana de Derechos Humanos que se debe discutir de nuevo en todas las Américas”, destacó el presidente Petro.
Por su parte, Boluarte señaló, tras la decisión: “Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo Congreso que el día de hoy votó por la vacancia presidencial».
«No he pensado en mí sino en los más de 34 millones de peruanos que merecemos un crecimiento de estabilidad democrática que trabaje sin corrupción», señaló.
El proceso parlamentario para su destitución llegó tras la aprobación con amplias mayorías de hasta cuatro mociones tras las que la mandataria fue convocada a comparecer y defender su presidencia, aunque no lo hizo.
La destitución
«El Pleno del Congreso de la República, en su sesión realizada hoy, admitió las mociones de orden del día 19769, 19770, 19771 y 19772, y acordó invitarla a asistir a la sesión que el Pleno del Congreso de la República celebrará el jueves 9 de octubre de 2025, a las 11:30 p.m. (hora local), oportunidad en la que se debatirá y votará el pedido de vacancia de la Presidencia de la República, solicitado mediante las referidas mociones, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución Política del Perú», de acuerdo la misiva enviada a Boluarte por el presidente del Congreso, José Enrique Jerí Oré.
En la misma carta se le hacía saber a la mandataria que durante el desarrollo de la sesión «podrá ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistida por letrado, por un total de sesenta minutos», con lo que el pleno se extenderá pasada la medianoche en Lima.
Ante esta situación, la cadena RPP informó de la presencia de un grupo de personas rodeando los exteriores de la embajada de Ecuador a fin de evitar una hipotética huida de Boluarte, pese a que, horas antes, su abogado Juan Carlos Portugal negó que estuviera considerando pedir asilo.
Por el momento, la Policía Nacional de Perú (PNP) informó a través de la red social X de que se encuentra realizando «maniobras preventivas en los exteriores del Congreso de la República, con el propósito de mantener el orden».
«Exhortamos a los manifestantes que están ejerciendo pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, a mantener la calma y cooperar con la Policía», añadió la institución el cuerpo, subrayando que «la violencia nunca es la solución».
Un debate precipitado por un tiroteo en el sur de Lima
El proceso parlamentario se produjo tras un atentado ocurrido en un concierto del grupo musical Agua Marina, celebrado en el Círculo Militar de Chorrillos, un distrito del sur de la capital peruana– durante la noche del miércoles.
Entonces, en plena presentación de la banda de cumbia, varios tiradores comenzaron a disparar y cinco personas resultaron heridas, cuatro de ellas músicos, en un nuevo episodio de inseguridad, que ha sido uno de los principales ejes de las protestas recientes contra el Ejecutivo de Boluarte.
El Ministerio de Interior condenó enseguida los hechos e indicó que la Policía estaba investigando. Con todo, advirtió, a través de un comunicado publicado en la red social X, que el evento no contaba con las garantías requeridas por la cartera y que no se había hecho saber la celebración a las autoridades policiales.
«Se exhorta a los organizadores de esta clase de espectáculos públicos no deportivos a cumplir con todos los mecanismos y protocolos correspondientes a fin de contar con los permisos y garantías de seguridad necesarios», reza el texto publicado.
Por el contrario, el presidente de la Asociación de Artistas, Walter Dolorier, rechazó en las últimas horas estas palabras, asegurando que Agua Marina contaba con el permiso municipal correspondiente y señalando que los hechos ocurridos no pueden ser atribuidos al promotor del evento.
Fiscalía de Perú pide retirar el pasaporte a Boluarte
Entre tanto, la Fiscalía de Perú anunció que pedirán que le retiren el pasaporte a Boluarte e impedir así una posible fuga a medida que avanzan las investigaciones que tiene pendientes, entre ellas por la muerte de manifestantes en las protestas de 2022 y 2023 y posible enriquecimiento ilícito.
El fiscal general Tomás Gálvez reconoció en una entrevista para RPP que la maniobra del Congreso les tomó por sorpresa, pero que en las próximas horas solicitarán que se impida la salida del país de la expresidenta, después de que surgieran rumores sobre un supuesto intento de fuga a través de alguna embajada.
Rumores que negó el abogado de Boluarte, quien dijo en su cuenta de X que «ella está en su casa; ese fue y será su paradero». Asimismo, anunció que se someterá a los poderes del Estado si así se requiere.
«Dejen el delirio informativo al lado y construyan un periodismo veraz, educador y responsable», señaló.
La expresidenta de Perú ha acumulado hasta siete investigaciones en estos casi tres años de mandato, además de otras tres por hechos previos a su abrupta llegada por la caída en de Pedro Castillo.
Con base en la nueva situación, Gálvez confía en que avancen las investigaciones, después de que, como presidenta de Perú, el Tribunal Constitucional paralizara «de algún modo las investigaciones» y la posibilidad de medidas cautelares.
Ahora, sin inmunidad, Boluarte tendrá que responder por las siete causas que tiene abierta.
Las más avanzadas son las relacionadas con las muertes de 49 personas en las protestas contra el Gobierno de finales de 2022 y e inicios del 2023, y con un presunto delito de cohecho pasivo por la posesión de unas joyas y relojes de lujo.
El resto, en fase preliminar, versan sobre un supuesto abandono de funciones para someterse a intervenciones estéticas, por abuso de autoridad por el cierre de una oficina especial de fiscales anticorrupción, enriquecimiento ilícito, presunta participación en el traslado ilegal del prófugo Vladimir Cerrón en un vehículo oficial y un acuerdo bajo mesa para mantener un aliado al frente de la Policía.
Vea aquí: Daniel Quintero, mentiroso: Registrador Hernán Penagos lo desmiente.
*Con información de Europa Press
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