El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas renovó dos años más la misión que investiga desde 2019 las violaciones de los derechos y libertades en Venezuela desde el comienzo del mandato del fallecido presidente Hugo Chávez hasta la actualidad, marcada por la captura de su sucesor, Nicolás Maduro, en una operación de Estados Unidos a principios de este año.
La renovación del mandato fue aprobada por 25 votos a favor de 25 países frente a los votos en contra de cinco países, entre ellos China y Cuba. Un total de 17 países se abstuvieron.
Uno de los últimos informes de la llamada Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela denunció a mediados del mes pasado que las instituciones estatales responsables de la represión y violaciones de Derechos Humanos siguen «intactas» pese a las «limitadas» mejoras experimentadas en el último año en este sentido.
Sus conclusiones llegan seguidas de un informe difundido durante la jornada por la Misión, que observa una «disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas» tras la captura de Maduro.
Los pequeños cambios, añadió, «no han ido acompañados de las reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora significativa y sostenida de la situación de los Derechos Humanos» e incluso ha llegado a investigar 64 nuevos casos de tortura después del 3 de enero, la noche de la operación de Estados Unidos.
Entre las primeras reacciones destaca la de Amnistía Internacional, cuya directora para las Américas, Ana Piquer, celebró la prolongación de una «labor crucial» que sirve para reforzar «el interés de la comunidad internacional en la justicia y la rendición de cuentas por las graves violaciones de Derechos Humanos en el país, incluidos los crímenes de lesa humanidad».
«Los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición deben ser prioritarios en todos los esfuerzos por asegurar un futuro en el que el estado de derecho y los Derechos Humanos se respeten plenamente en Venezuela», añadió Piquer.
Por otra parte, el coordinador general de la ONG venezolana Provea, Óscar Murillo, celebró la renovación de la misión en sus redes sociales y consideró importante «escrutinio internacional» para «impulsar un proceso de transición hacia la democracia que esté centrado en la dignidad humana, la justicia y la reconstrucción institucional».
La también venezolana ONG Cofavic, que ha documentado con «rigurosidad y persistencia» las violaciones de derechos humanos que suceden en el país, destacó en sus redes sociales la «lucha conjunta contra la impunidad» y la «búsqueda de garantías para la plena rendición de cuentas».
Caracas rechaza prórroga
Tras esa decisión Venezuela rechazó la prórroga tras señalar que los mecanismos internacionales deben «acompañar y complementar las capacidades nacionales, no sustituirlas».
Destacó que «no acompaña la renovación» porque el texto «incorpora modificaciones importantes respecto de resoluciones anteriores», reduciendo «algunos de sus elementos más conflictivos», según informó la cadena venezolana Globovisión.
Señaló que ha llegado el momento de «superar mecanismos de escrutinio establecidos sin consentimiento del Estado concernido», tras argumentar que el país «no evade el diálogo» sino que «participa responsablemente en los mecanismos universales del sistema de Derechos Humanos».
Además, la delegación venezolana afirmó que buscan avanzar hacia «modalidades de cooperación capaces de producir resultados concretos, sostenibles y construidos en conjunto».
Asimismo, la representación venezolana confirmó la «reanudación de la cooperación» entre Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con una «cláusula» que permita una «transición hacia un esquema basado en el diálogo, la cooperación y la asistencia técnica».
*Con información de Europa Press
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