El Departamento de Estado confirmó que el Gobierno de los Estados Unidos le revocó la visa a la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta, así como también a sus familiares en una medida que también se aplicará al empresario, Euclides Torres allegado al expresidente Gustavo Petro y al exministro del Interior, Armando Benedetti.
“La Administración Trump tomó medidas para imponer restricciones de visa a dos ciudadanos colombianos y sus familias”, de acuerdo con el apartado del documento dado a conocer por la Cancillería estadounidense.
Añadió: “El Departamento revocó las visas existentes para las siguientes personas y sus familias: “Martha Isabel Peralta Epieyu, Senadora afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais)”.
La congresista petrista ha sido mencionada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y actualmente su caso se encuentra bajo investigación por delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Así mismo, la decisión cobija a “Euclides Antonio Torres Romero, empresario privado propietario de un conglomerado que opera principalmente en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública”.
El empresario ha sido mencionado en diferentes ocasiones por presuntas financiaciones con campañas y sectores del petrismo, especialmente con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y el posterior gobierno del Pacto Histórico.
Peralta anuncia acciones
Tras conocerse la decisión, la congresista del Pacto Histórico publicó un video en las redes sociales en las que cuestionó la medida y anunció acciones.
La senadora petrista dijo no conocer las razones por las cuales se tomó esta decisión en su contra, pero advierte que buscará, a través de los canales diplomáticos, enterarse de los argumentos que tuvo el Gobierno de Donald Trump.
“He conocido por parte de los medios de comunicación y las redes sociales que mi visa ha sido revocada por parte del gobierno de los Estados Unidos. Iniciaré las acciones institucionales y administrativas pertinentes ante la Cancillería, ante la Embajada y ante el mismo Gobierno de Estados Unidos que se me informe de manera formal cuáles fueron los argumentos para dicha decisión”, indicó.
Afirmó que ha venido siendo víctima de persecución política: “Y esto no es aislado a toda la persecución mediática, judicial, en redes sociales, de bodegas que hemos tenido que soportar por pensar distinto y estar ocupando un lugar en la política”.
“Mi compromiso es con Colombia, es con la Guajira, es con las comunidades que represento y sobre eso no va a haber ninguna interrupción. Vamos a seguir trabajando y eso sí, vamos a seguir también defendiendo nuestro buen nombre”, puntualizó.
Argumentos del Gobierno estadounidense
Aunque no se especifican las razones detrás de cada caso, dentro del comunicado firmado por el portavoz Thomas Piggot, se dice que “bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente a Estados Unidos”.
Entre las razones para tomar la medida se cita que “esta política restringe las visas para ciudadanos extranjeros, y sus familiares directos, que atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”.
Además, se asegura que con la alianza entre dichos países se compromete a coordinar las sanciones, designaciones y acciones financieras contra terroristas y delincuentes que atentan contra la seguridad, el Estado de derecho y la democracia.
“El Departamento de Estado está tomando medidas para cumplir con los compromisos de defender la gobernanza democrática en todo nuestro hemisferio contra la corrupción y el narcotráfico, compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y reafirmados en la declaración de los líderes de la iniciativa Escudo de las Américas del 22 de septiembre”, dice el comunicado.
El retiro de las visas, explicó el Departamento de Estado fue extendido a otros países miembros del Escudo de las Américas, como Bolivia, Ecuador y Perú.
Entre los sancionados en los otros países están altos cargos policiales, fiscales, un empresario bolivianos y un magistrado del primer juzgado constitucional de Lima, según el comunicado del Departamento de Estado dado a conocer en la tarde del lunes 28 de septiembre.
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